“Republicanos de corazón, se conforman con vivir en una
honrosa medianía, que aleja de ellos la tentación de meter
mano en las arcas públicas, para improvisar una de esas vergonzosas
fortunas, que la sociedad reprueba y que la sociedad siempre maldice”.
Benito Juárez.
Andrés Manuel López Obrador es una figura que por muchas cosas no pasa desapercibida. Puede ser su carisma, su forma de hablar pausada, su acento, su forma de pensar siempre en favor de los más pobres, su discurso de combate a la corrupción y en favor de la honestidad, de la austeridad y de valores morales. En fin, es una figura a la cual se le ama o se le odia.
A lo largo de su trayectoria política, sus detractores y la gente que siente antipatía hacia él, lo han acusado de muchas cosas, pero a partir de que tomó posesión como presidente Constitucional de México en 2018, lo han señalado de ser un dictador comunista y represor, así como de haber coartado el derecho de libre expresión y de crítica hacia su persona y hacia el gobierno federal que él encabeza; de perseguir a la prensa “crítica” y a los periodistas “críticos” a su gobierno. Para entender esto, analicemos a la luz de la teoría política, de la ley mexicana y de los propios hechos si es un demócrata como él mismo se proclama, o un dictador como sus adversarios políticos lo señalan.
En primer lugar, debemos definir lo que entendemos por dictadura. En la actualidad se ha confundido el sentido de ciertos conceptos como dictador, autócrata o tirano, y los gobiernos en los que ejercen dicho poder: la dictadura, la autocracia o la tiranía, respectivamente. Haciendo eco del pensamiento griego clásico, diremos que toda forma buena de gobierno tiene su contraparte en una forma de gobierno que se ha degenerado, y esa degeneración es el resultado de la corrupción[1]. Hoy en día esos conceptos se usan indistintamente y como sinónimos. Sin embargo, dictador era una figura de la Roma Republicana[2] que se usaba para darle el poder a una persona en situaciones de extrema urgencia como una guerra o una rebelión, y una vez resuelto el conflicto, se le quitaban los poderes otorgados al dictador; era un servicio público el que prestaba[3]. En el caso del tirano, era el término que usaban los griegos para referirse a quien gobernada de forma despótica, y que era la forma mala de gobierno contraria a la monarquía. En pocas palabras (…) los tiranos dominan sobre súbditos descontentos de su poder, y por tanto ese poder no está fundamentado en el consenso, en sentido estricto no es legítimo[4]”. En el caso del autócrata, es un concepto más reciente que se refiere al gobierno de uno sólo donde hay una excesiva concentración de poder y no existen límites jurídicos o políticos; “el poder autocrático se fundamenta en la sumisión y no en la obediencia, ya que no puede llamarse así, a lo que se arranca mediante el terror o la violencia[5]”.
En la actualidad se usan como sinónimos dictador, tirano o déspota, lo cual parece irrelevante para el presente texto, lo que hay que destacar de un régimen político de esta naturaleza en la actualidad, y sobre todo durante el siglo XX, es que se han caracterizado por la concentración desmedida del poder y su ejercicio de forma totalmente vertical y violenta. Su principal mecanismo de control es la fuerza, la cual se ejerce a través de los aparatos de represión como la policía, el ejército, la ley que se modifica a conveniencia y una ideología que da legitimidad al régimen[6]. El Derecho Internacional, los Tratados sobre Derechos Humanos o respeto a la vida y a la dignidad humana, no significan nada en un régimen de esta naturaleza. El uso de la fuerza y de la represión para desaparecer y silenciar a los opositores y críticos es la constante. La pregunta que surge es ¿Cómo emergen las dictaduras? Responder a esta pregunta es complicado, los factores son múltiples, pero pareciera haber al menos una condición que de forma más o menos constante aparece en la historia, por lo menos del siglo XX; una situación económica de desastre.
Las situaciones económicas de crisis, de paro, de desempleo, de falta de empleos y por lo tanto de ingresos, son caldo de cultivo para la llegada de líderes con una gran oratoria que prometen solucionar dichos problemas. Tal vez sea la desesperación por la sobrevivencia y la necesidad de sentir seguridad lo que lanza a los pueblos a los brazos del totalitarismo, o al menos del autoritarismo. “El atractivo de la dictadura estriba en gran medida en una economía de tiempo que muchas veces no puede ofrecer el sistema democrático”[7]. A veces pareciera ser que los procesos democráticos que pueden llegar a ser lentos por la misma naturaleza deliberativa de la democracia, representan una desventaja frente a las dictaduras, donde las decisiones son mucho más rápidas y efectivas por ser tomadas por una sola persona, una pequeña junta militar o una camarilla.
Una vez hecha esta breve descripción de la dictadura, pasemos al caso que nos ocupa. Nuestra Constitución Política reconoce un conjunto de libertades políticas y civiles que ejercemos como derechos. Por derechos políticos entendemos la posibilidad de participar libremente en cualquier acto político dentro de nuestro Estado. Podemos votar en los comicios y que seamos electos en los mismos, tenemos el derecho de participar en las consultas populares y en asociarnos libremente con fines políticos, como formar una asociación política o un partido político, o simplemente afiliarnos a él. Es decir, los derechos políticos nos posibilitan a participar en la vida pública del Estado y de los distintos órdenes de gobierno. Esta posibilidad del ejercicio de nuestros derechos políticos se enmarca dentro de un régimen democrático de igualdad política[8], el cual se está construyendo en la Cuarta Transformación.
Los derechos civiles implican la libertad de pensar, de reunión, de manifestación de la ideas y de expresarlas libremente en público en las plazas públicas o en cualquier espacio de uso común, la única limitante que acredita sanción es cuando “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”[9]. De igual forma, tenemos derecho al acceso a la información; a la libre circulación sin ser molestados en nuestra persona, documentos o bienes; a la seguridad para no ser detenidos o arrestados de forma arbitraria; a la libertad de correspondencia (o por medios digitales, como hacemos hoy en día); a asociarnos para escribir, editar o publicar libros, revistas, periódicos o cualquier otro tipo de documento impreso; así como a reunirnos para temas privados como poner una empresa, un negocio o cualquier otra actividad económica lícita[10]. En términos generales, esto es lo que establece nuestra Constitución Política, así como que somos una “República representativa, democrática, laica y federal”[11]. Ahora bien, dicho lo anterior, podemos analizar si Andrés Manuel López Obrador es un dictador comunista[12] o un demócrata.
Para empezar, debemos decir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó de ejercer por voluntad propia, muchas de las facultades metaconstitucionales que caracterizaron por décadas al presidencialismo mexicano[13]. Definir a estas facultades es fácil, debido a que fueron prácticas comunes durante el presidencialismo de por lo menos el último siglo. Tales prácticas metaconstitucionales, como su nombre lo indica, eran facultades que estaban más allá o por encima de la Constitución Política y sobre cualquier ordenamiento jurídico, y, sin embargo, eran una ley no escrita de aplicación puntual y rigurosa. Tal predominio del aparato político hacía al Presidente todopoderoso, omnipotente y omnisapiente, dentro del territorio nacional. Así lo señala Daniel Cosío Villegas, “El poder ejecutivo federal acabó por ser la mayor fuerza política y económica del país, y, por tanto, como todo dependía de él, sólo los suicidas desatendían la necesidad de acercársele (…) de la Constitución revolucionaria de 1917 salió un régimen de gobierno en que el poder ejecutivo tiene facultades visiblemente superiores a las de los otros poderes, sobre todo el legislativo (…) la Constitución de 17 creó un ejecutivo extraordinariamente poderoso, y que de allí emanan muchas de las facultades amplias de que goza en México el presidente de la República”[14].
Estas prácticas del ejercicio del poder en México, han sido el reflejo de una “cultura de la ilegalidad” que empobrece y debilita cualquier esfuerzo institucional por establecer un auténtico Estado de derecho. Tales costumbres también son el resultado histórico de la lucha entre diversos actores políticos, y que ha derivado en una forma de hacer política bajo el esquema de una cultura política más de súbditos que de ciudadanos. Las preguntas que aquí surgen son, ¿Cómo romper con la herencia cultural que se transmite de generación en generación, de la falta del cumplimiento de las leyes, y que responde a la carencia de una cultura cívica, y que ha sido fomentada desde las altas esferas del poder político en México, durante siglos? ¿Cómo hacer que quienes detentan posiciones de poder político y de toma de decisiones, lo hagan con estricto apego a derecho y a sus facultades legales e institucionales y no busquen traspasar esos límites?
La respuesta es complicada, sin embargo, podemos decir que un antídoto a la cultura de la ilegalidad es la construcción de ciudadanía por medio del sistema educativo, además de que haya campañas permanentes de educación cívica, pero lo más importante es que desde las estructuras institucionales, los servidores públicos pregonen con el ejemplo del respeto hacia las leyes y su cumplimiento irrestricto. Que no se adjudiquen facultades que no les son propias al cargo que desempeñan, y así, ir construyendo poco a poco una cultura de la legalidad, donde los ciudadanos y los servidores públicos seamos capaces de entender que el cumplimiento de las normas nos beneficia en general. “Para decirlo con una frase: en la cultura de la legalidad del Estado de derecho no hay espacio para los poderes y las normas autoritarias”[15].
A continuación mencionamos de forma breve las más visibles de estas facultades constitucionales[16] y metaconstitucionales del presidencialismo mexicano, que eran parte de una cultura política autoritaria:
- Debilitamiento del Poder Legislativo y Judicial, ya que el Presidente podía designar Ministros, magistrados, jueces, diputados y senadores, a pesar de lo que establecía la propia Constitución.
- La integración de la Suprema Corte de Justicia por Ministros que eran elegidos más por un criterio político y de lealtad personal al Ejecutivo.
- Control absoluto del banco central, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, así como las amplias facultades en materia económica;
- El control sobre los medios masivos de comunicación para manejar la opinión pública, lo cual demostraba el contubernio entre el gobierno y la radio, los medios impresos y la televisión[17].
- La concentración de recursos económicos en la federación;
- Enorme dispendio de recursos públicos de forma discrecional.
- Faculta para designar a su sucesor[18] y a los gobernadores de las entidades federativas, y presidentes municipales.
- La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que exista ningún contrapeso del Senado de la República;
- Tenía el gobierno directo del entonces Distrito Federal, por medio de un Regente de la Ciudad.
- Ser jefe político de facto del partido político al que pertenecía.
- Imposición de líderes sindicales a modo para el régimen.
- Estas facultades metaconstitucionales tenían un elemento psicológico, que en lo general aceptaba el rol preponderante y absoluto del Presidente sin cuestionarlo.
Estas facultades dotaban de un poder casi absoluto al titular del Ejecutivo Federal, sin embargo, el mismo esquema de uso del poder público, se replicaba en las entidades federativas y en los municipios (y hasta la fecha sigue ocurriendo en la mayoría de los estados). Lo cual nos lleva a pensar que el ejercicio del poder tiene mucho que ver con los diseños institucionales, con la cultura política y con lo que Cosío Villegas denominó el estilo personal de gobernar[19].
Ahora bien, analicemos si Andrés Manuel López Obrador entra en esta tipología de lo que son las facultades metaconstitucionales, o si, por el contrario, él mismo ha renunciado a ejercer facultades que no le son propias del cargo de detenta.
Al día de hoy, existen algunas de esas facultades y que se ejercen, aunque de forma distinta a como se hacía. Por ejemplo, el presidente sigue concentrando el ejercicio presupuestal de la federación, aunque esto es lógico, es el titular del Poder Ejecutivo Federal, la diferencia es la política económica que ha implementado y la distribución del gasto[20]. Busca hacer el ejercicio del presupuesto con absoluta austeridad y sin dispendios, y menos en lo que tiene que ver con privilegios para altos funcionarios; para ello se envió al Legislativo la iniciativa para que ningún servidor público gane más que el presidente.
AMLO no tiene injerencia sobre las decisiones del Banco de México, éste sigue teniendo plena autonomía. Lo que sí es un hecho, es que tiene el control de las dos empresas paraestatales más importantes, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Sin embargo, aquí también debemos señalar que el Presidente se ha planteado rescatar la industria petrolera para que nuestro país sea autosuficiente por medio de un Programa Sectorial de Energía 2020-2024,[21] a diferencia de sus antecesores que la pusieron en venta al capital extranjero a través de toda una red de corrupción y complicidades.
Andrés Manuel López Obrador ha enviado tres iniciativas al Congreso de la Unión que demuestran su carácter demócrata y republicano: la consulta popular, eliminar el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito y la revocación de mandato. Lo que pretende con estas reformas es acabar con la impunidad a la que estaba sujeta la figura presidencial, sin fuero ya no hay privilegio de protección de la ley, y el presidente puede ser juzgado como cualquier persona. Con la revocación de mandato busca que sea el pueblo quien diga si quiere que el titular del Ejecutivo continúe en el cargo o no, de acuerdo a su desempeño; y con la consulta popular se quiere construir una cultura política de la participación ciudadana, para que sea la gente quien decida sobre diversos temas de la vida nacional, es decir, se pretende que la política sea una actividad ciudadana de todos y no nada más de unos cuantos, de una pequeña élite.
De igual forma, renunció a la facultad de influir para designar líderes sindicales a modo. En cambio, envió una reforma al Congreso (que fue aprobada) para que sean los propios trabajadores quienes elijan a través del voto libre, directo y secreto a sus representantes de forma democrática y transparente.
Una de las facultades metaconstitucionales a las que renunció Andrés Manuel López Obrador, y que incluso muchos dentro de sus simpatizantes le han criticado, es seguir conservando el modelo de partido de Estado, como lo fue el Partido Revolucionario Institucional por mucho tiempo. El presidente lo ha dicho con toda claridad, no va a intervenir en la vida interna de Morena, que sea el partido quien resuelva sus propios problemas sin su tutelaje. Pese al caos que se ha desatado en Morena, AMLO no interviene y deja que sean los propios morenistas quienes saquen al partido-movimiento adelante, para que sea el eje de apoyo de la Cuarta Transformación, o que se convierta en un partido más con las viejas prácticas de siempre, donde el dinero sea lo que impere y no el programa. Ese es el gran reto para Morena.
En cuanto a la designación de su sucesor, todavía no se puede saber, pero todos los indicios del carácter democrático de Andrés Manuel López Obrador, nos hacen pensar que dejará que sea Morena quien elija a su candidato o candidata (AMLO ha dicho que está de acuerdo con el método de la encuesta). No hay nada que nos haga pensar que continuará con la terrible tradición del dedazo, del tapado, de la línea y la cargada (el tiempo lo dirá). Él designa servidores públicos de su gobierno de acuerdo a sus facultades constitucionales, pero no interfiere en la vida interna del partido que lo llevó a Palacio Nacional. Lo ha dicho con toda claridad “Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces no se debe de manchar ese nombre”.
Para ir cerrando con el tema, aseguramos que dos de las mayores cualidades de Andrés Manuel López Obrador son la congruencia entre su discurso y su hacer cotidiano, sobre todo en el ejercicio del poder. Cuando hablamos de congruencia, nos referimos a que durante su trayectoria política, AMLO se ha mantenido firme en sus convicciones y principios: austeridad republicana, la idea de que el pueblo es el soberano y por ello debe participar en los asuntos públicos, cerrar el paso a las prácticas del viejo régimen como la corrupción, el compadrazgo, el chayotazo, el nepotismo y el tráfico de influencias; en sus propias palabras: “Ni amigos, ni compañeros, ni familiares van a hacer negocio en el gobierno; el que se meta a hacer negocio, el que quiera llevar a cabo actos de corrupción va a ser enjuiciado, sea quien sea (…) Voy a hablar con todos los que me van a acompañar en mi gobierno y les voy a recomendar que no vayan a caer en la tentación”.
Desde sus primeros años, su empatía por los más necesitados, por los marginados, por los pobres ha sido manifiesta, y más importante aún, se ha mantenido intacta después de cuatro décadas de lucha. Se le podrán criticar muchas cosas, pero no falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace; Andrés Manuel es un líder político que ha ganado enorme legitimidad y autoridad moral precisamente por eso, por ser congruente. La otra cualidad es que es una persona sumamente tenaz, perseverante; él mismo lo dice, “Ya me conocen ustedes y hasta mis adversarios lo reconocen de que soy perseverante, soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción porque daña a México y lo vamos a lograr, me canso, ganso”. Haber sido víctima de dos fraudes electorales y seguir enfrentando a quienes él denominó “la mafia del poder”, habla de una persona con un espíritu fuerte, de convicciones firmes y de principios inquebrantables.
Por último, afirmamos que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata verdadero y un republicano a carta cabal, a pesar de que muchos lo acusen de ser un “dictador comunista”. Ya explicamos de forma general, las características de un dictador, dentro de las cuales él no entra ni por error. ¿A quién de sus detractores se le han coartado sus libertades políticas o civiles?, siguen gozando de todas las libertades y las garantías que les otorga la Constitución. Nadie de sus acusadores ha sido encarcelado arbitrariamente ni perseguido que se haya tenido que exiliar en el extranjero, o peor aún, desaparecido sin dejar rastro, como sí sucedía en sexenios pasados.
Lo acusan de restringir la libertad de expresión a sus adversarios y críticos, y estas acusaciones las difunden por todos los medios masivos de información a su disposición (prensa escrita, radio, televisión y redes sociales). ¿Cómo es que en la dictadura comunista que encabeza “López” (como muchos peyorativamente lo llaman) pueden difundir a diario sus mensajes de odio, difamación y clasismo? En una verdadera dictadura ya hubieran sido aplastados y nadie hubiera dicho nada.
La realidad es que quienes acusan al Presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un tirano, están furiosos por haber perdido sus privilegios y sus negocios corruptos al amparo del poder público y de una clase política cómplice y antipatriota. La verdad es que la oposición está moralmente derrotada y “es imposible moralmente hablando que la reacción triunfe”.
