¿A qué se refiere AMLO cuando dice que los neoliberales reformaron la constitución para saquear a México?
La necesaria estructura jurídica crítica de la cuarta transformación y los retos para desmontar el andamiaje legal del neoliberalismo en México.
La política descolonial hoy tiene la Transmodernidad
como horizonte de lucha en el largo plazo y la lucha contra
las jerarquías de dominación de la Modernidad occidental
como horizonte de lucha en el corto y mediano plazo[1].
Ramón Grosfoguel.
Es evidente que el andamiaje jurídico neoliberal en México ha sido construido en favor de quienes se adueñaron del poder político y siguen detentando el poder económico. Obviamente, esta estructura jurídica construida por las élites neoliberales, dejó con muy pocos beneficios a los pobres, los excluidos, los marginados, los débiles, los colonizados. Como afirma Aleida Hernández Cervantes[2]:
La ley al codificar e institucionalizar la injusticia inherente a las relaciones sociales capitalistas, forma parte de la violencia sistémica, se integra a la violencia que procede del sistema económico y político. Es por ello que la ley se vuelve clave para el ejercicio legal de la violencia del capitalismo: la opresión, la explotación y por tanto, también la exclusión terminan legalizándose. En ese sentido, afirmamos que las estructuras jurídicas del despojo son en la actualidad las formas jurídicas que concretan con mayor eficacia la codificación e institucionalización de la injusticia.
Es por ello que se hace indispensable e impostergable crear conciencia sobre el carácter ideológico del Derecho vigente en nuestro país. Requerimos construir un andamiaje jurídico que tenga como base la teoría crítica[3] del Derecho y que nos dote de concepciones no dogmáticas ni leguleyas de lo que debe ser la teoría jurídica como herramienta de liberación, de participación política y de transformación de la sociedad en un sentido ético de afirmación de la vida, el consenso y la factibilidad[4]. Requerimos construir un nuevo paradigma jurídico liberador, emancipador y crítico que ponga a las víctimas del proyecto ideológico neoliberal, que engloba lo jurídico, lo político, lo económico y lo cultural, en una posición de resarcir los daños que el modelo elitista neoliberal ha causado. Esta nueva estructura para ser aceptada como nuevo paradigma hegemónico debe parecer mejor que sus competidores[5].
Para construir este nuevo esquema, requerimos una teoría jurídica crítica, entendida como la formulación teórico-práctica capaz de cuestionar y de romper con lo normativo que está disciplinariamente ordenado y oficialmente consagrado (en el conocimiento, en el discurso y en el procedimiento práctico) en dada formación social, y como la posibilidad de concebir y operar otras formas diferenciadas, no represivas y emancipadoras, de práctica jurídica[6]. En este sentido, el Derecho es parte de las Ciencias Sociales, y como tales, deben ir más allá de explicar, analizar y hasta predecir fenómenos sociales, deben comprometerse con la transformación social para mejorar la existencia social.
Teniendo como marco de referencia la teoría crítica del Derecho, buscamos evidenciar como es que la estructura jurídica construida en nuestro país en el periodo neoliberal, hizo todo lo posible por encumbrar a los poderes económicos y políticos que le eran afines y así perpetuar el modelo de dominación y explotación capitalista: la moderna cultura liberal-burguesa y la expansión material del capitalismo produjeron una forma específica de racionalización del mundo, la cual, en cuanto principio organizativo, se define como racionalidad instrumental positiva que no libera, sino reprime, alinea y cosifica al ser humano[7]. Para Habermas, la racionalidad instrumental, encarna estructuras de dominación social y un uso irreflexivo de la técnica en el control de las relaciones sociales. La razón instrumental es la racionalización de la sociedad contemporánea, las relaciones de dominación producidas por ella y la experiencia de la enajenación. Básicamente la racionalidad instrumental es el producto de la idea de que la razón está en gran parte limitada a coordinar los medios para alcanzar fines establecidos o bien a seguir las reglas, y sirve para reforma esta idea (…) Como resultado, la razón instrumental sólo puede servir a intereses técnicos, como la previsión y el control, y no a los intereses mayores de la comunidad y la emancipación[8]. La racionalidad instrumental es la relación entre medios y fines, la cuestión aquí es qué fines se persigue y qué medios se utiliza para alcanzarlos.
Dicho modelo jurídico ha sido una construcción social y, por lo tanto, es susceptible de ser modificada. Sin embargo, para poder modificarlo, es indispensable que entendamos que el marco jurídico establecido durante el periodo neoliberal, era un instrumento que buscaba legitimar el statu quo y crear una cortina de humo sobre las relaciones políticas y económicas de dominación y así profundizar, aunque veladamente, las contradicciones entre las élites dominantes y el pueblo dominado. En este sentido, el proceso de liberación no sólo pasa por el cambio de las disposiciones jurídicas, requiere de una transformación revolucionaria de la subjetividad, de los paradigmas, la ética y las estructuras de dominación[9].
Debemos dejar claro que el Derecho tiene fines políticos e ideológicos, que pueden ser para mantener la dominación o para llevar a cabo un proceso de liberación. La idea de la pretendida “neutralidad técnica y científica[10]” del Derecho (la supuesta “neutralidad” de las teorías, es sólo una pantalla ideológica de dominación. No hay tal neutralidad, siempre hay un lugar de enunciación de quien desarrolla la teoría, una posición en la sociedad y una condición de clase), es sólo la cortina de humo de un discurso ideológico que tiene como pretensión la división tajante para favorecer a unos pocos encumbrados, sobre una inmensa mayoría desposeída y en diversos grados empobrecida, así como para construir instituciones de dominación (sin importar que tan democráticas se digan en el discurso) que sometan y desvirtúen los procesos políticos y sociales que vienen desde abajo, desde el pueblo, definido como el bloque social de los oprimidos[11]. Un científico social que se dice “neutral” (como si la Ciencia no pudiera ser usada ideológicamente) le hace el juego al hegemón que domina ideológicamente; la “neutralidad” teórica sirve para fortalecer el sistema de dominación imperante. Pretender separar la teoría de la acción es un componente ideológico hegemónico.
Por ello debemos entender que política y derecho no van apartados, al contario, ambos son parte de un proceso social mucho más grande y complejo y no podemos entenderlos por separado. Política y Derecho confluyen en la Constitución y en la leyes que de ella emanan, ya que la política como fenómeno social se instala en las estructuras del Estado (y más allá del Estado), donde se diseñan, se debaten, se construyen y se transforman las leyes y la propia Constitución, y esta institución política por excelencia es el Parlamento o el Congreso de la Unión, en el caso de México. Por ello es poco creíble el argumento de la “neutralidad técnico-jurídica”, ya que toda norma es creada en la arena de las confrontaciones ideológico-políticas, de esta lucha entre distintas visiones surgen vencedores y vencidos, o en muchos casos se dan negociaciones (en regímenes realmente democráticos nadie gana todo ni nadie pierde todo) que se traducen en decisiones políticas y por ello es una norma política-jurídica el resultado de la batalla que se da en el órgano legislativo.
Lo que buscamos como parte del ideario de la Cuarta Transformación, es construir normas e instituciones jurídico-políticas plurales y democrático-participativas que velen por los derechos de la comunidad política, no sólo de las élites. El Derecho que han construido las élites económicas a nivel mundial en las últimas cinco décadas, es la Estructura Jurídica del Despojo[12], la cual podemos definir como:
(…) aquellas normatividades producidas las más de las veces en sedes transnacionales de poder económico global y recepcionado sin cuestionamiento por el Estado, tienen como fin volver todo disponible al mercado. Las EJD convierten todo en objeto de transacción mercantil, vuelve disponible al mercado todo lo valioso de la vida (…) Las EJD se justifican en una razón tecnocrática, supone una especialización que sólo comprenden una elite de expertos; esconde tras un lenguaje sofisticado, complejo y oscuro todos los mecanismos e instrumentos jurídicos que permiten el Despojo de los derechos de las personas.
En este sentido, es importante destacar que las estructuras jurídicas se construyen en instituciones como los Parlamentos o los Congresos, en los cuales la correlación de fuerza hacia una postura u otra, es la que se impone para crear o reformar las leyes. Partimos del supuesto que la normatividad se diseña en aras de la armonía, la sana convivencia o como a muchos les gusta decir, “para impartir justicia y dar a cada quien lo que le corresponde”. Sin embargo, en las estructuras de poder político donde se toman decisiones, existe una correlación de fuerzas entre los que apoyan el establishment y quienes se oponen a él. Es decir, la estructura jurídica de un Estado se impone por la correlación de fuerzas entre quienes están dentro de la institución legislativa[13]. Si tomamos en cuenta que en México durante muchos años ha existido un amasiato entre el grupo de poder político dominante y el grupo económico más adinerado e influyente, es fácil deducir que el bloque político actuaba para favorecer los intereses de la oligarquía; de ahí podemos deducir que el Derecho construido en el periodo neoliberal, es un entramado de complicidades y una red de corrupción para favorecer a las élites, no para impartir justicia. Además de confirmar la transnacionalización de normas jurídicas y políticas públicas y la regulación del despojo, la explotación, la exclusión, los desplazamientos y la nueva configuración de la necropolítica[14].
Contrario a esto, el Derecho debe construirse de acuerdo con las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto, no sólo para beneficio de unos cuantos. Una nueva estructura jurídica debe lograr mayores niveles de igualdad, justicia, libertad y permitir entrar en un proceso de liberación y decolonialidad que nos lleve a ser realmente autónomos y sin tutelajes de ningún tipo, ni interno ni externo. Para esto requerimos de un nuevo constitucionalismo de la Cuarta Transformación que afirme la vida del pueblo y que garantice los procesos democráticos de toma de decisiones por medio de nuevas instituciones que permitan la democracia participativa. No son sólo reformas constitucionales; es una nueva visión del constitucionalismo para construir nuevas instituciones al servicio del pueblo, y para ello, requerimos de una nueva Constitución con estructuras políticas más horizontales y menos verticales, como hasta ahora ha sido. Requerimos una nueva Constitución que se convierta en una herramienta de transformación, emancipación y liberación.
Los juristas de la Cuarta Transformación deben conocer a la perfección las teorías críticas y convertirse en agentes defensores de los grupos sociales y diseñar leyes éticas que afirmen la vida de la comunidad, en consenso y con factibilidad, como nos ha enseñado nuestro maestro, el profesor Enrique Dussel. Esta epistemología jurídica, debe caracterizarse por proponer nuevas formas de entender, pensar y crear el Derecho desde un punto de vista contrahegemónico a lo que en la actualidad es el discurso hegemónico. Debe permitir la construcción de relaciones humanas fraternas, libres, solidarias y comunitarias y, para ello, requerimos de juristas críticos, entendiendo por críticos que conocen y comparten los preceptos de la teoría crítica, entendida esta como el instrumental pedagógico operante (teórico-práctico) que permite a los sujetos inertes, subalternos y colonizados una toma histórica de conciencia, desencadenando procesos de resistencia que conducen a la formación de nuevas sociabilidades al ser poseedores de una concepción de mundo anti-dogmática, participativa, creativa y transformadora[15].
En este momento histórico que nos está tocando vivir, la teoría crítica es fundamental para contraponerla a la ideología dominante neoliberal que, como proyecto económico e ideológico-político, pretende la dominación extrema y extractiva, para así perpetuar el estado de desigualdad, colonialismo, exclusión, marginación, pobreza y saqueo de los recursos naturales. Es en este sentido, los cambios a la legislación en México son muy notables y marcadamente a favor de las élites y del capital privado. El andamiaje jurídico de nuestro país se fue transformando en el periodo que va de 1982 a 2018, siempre en favor de los intereses de la oligarquía y con ello, se ha dado el vaciamiento de una estructura nacionalista y que vele por los intereses del pueblo. Este modelo jurídico a favor del capital privado y de las élites económicas, ha sido muy flexible a favor de los intereses de las minorías que se han enriquecido (nacionales y extranjeras), y se ha vuelto muy rígido e inflexible con las demandas sociales que exigen justicia, trabajo bien remunerado y seguridad social que se refleje en el bienestar de los más vulnerables.
En pocas palabras, se diseñó y construyó todo un aparato jurídico a favor de las élites que no deja margen para la resistencia ni para nuevas formas organizativas institucionales; es por ello que hoy debemos desmontar todo ese andamiaje jurídico voraz para construir un esquema jurídico justo, que proporcione instrumentos a los más vulnerables para liberarse de la dominación, la marginación y la pobreza. Que proporcione herramientas para la liberación, la resistencia a la dominación y que dé un giro decolonial bajo la óptica de la filosofía de la liberación y que combata el eurocentrismo jurídico, que se esconde como instrumento ideológico de dominación, bajo la máscara de la “neutralidad técnico-jurídica”. Debemos transitar de un modelo jurídico de dominación y opresión, hacia un nuevo modelo de la Teoría Crítica del Derecho. Un modelo de ponga en el centro el derecho público y desmonte el derecho privado que se construyó con criterios del avance de la globalización y del pensamiento neoliberal.
Este modelo jurídico neoliberal, buscó redireccionar las funciones del Estado hacia los intereses privados de las empresas transnacionales y se encargó de destruir la capacidad del Estado Mexicano de garantizar seguridad social y demás derechos; disminuyó el acceso a derechos como la salud, la educación, el trabajo bien remunerado, la vivienda, entre otros derechos sociales. Es por ello que debemos (como imperativo ético) construir un Estado de justicia social, de seguridad y de responsabilidad pública. Un tipo de Estado que reconoce, por fin, que su misión no es la de protección exclusiva de los intereses particulares, por legítimos que ellos puedan ser, sino garantizar los derechos para el bienestar general. La sociedad debe tener garantizados sus derechos en la Constitución y en las Leyes, esto asegura que sin importar los cambios de gobierno, los derechos sociales sigan siendo reconocidos. El Estado asume su papel y su responsabilidad social frente al pueblo, y contrario al modelo neoliberal que favorecía a las élites políticas y económicas en detrimento de las mayorías, y genera condiciones favorables para el desarrollo y bienestar de la población más vulnerable.
En resumen, requerimos diseñar y construir un Estado social y democrático, que fomente la participación social y política del pueblo y de los diversos grupos sociales, que intervenga en la economía (un estado mixto, keynesiano) y en diversas áreas de la vida social y cultural y que vele por la garantía de los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales de la población en general, pero sobre todo de los marginados, de los oprimidos y que han sido excluidos por el modelo neoliberal. Un Estado de derechos constitucionales redistribuidor de la riqueza producida para asegurar a toda la población en general y, en forma especial, a los sectores sociales más desprotegidos, un mínimo de satisfactores económicos, sociales y culturales acordes con la dignidad humana.
Para finalizar diremos que toda esa estructura jurídica que se construyó en México y en casi toda Latinoamérica, se hizo bajo la lógica del capital financiero y de lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo. Modelo económico donde el individuo se realiza en el mercado y donde se le vende la idea que es el arquitecto de su propio destino, sin importar el contexto político, social, cultural y económico en el que se desenvuelve; como si el contexto y las circunstancias no tuvieran nada que ver con el desarrollo de los individuos y de las comunidades. Una de las ideas centrales del modelo neoliberal, es que los individuos buscan maximizar sus utilidades por medio del consumo de la mayor cantidades de bienes y servicios, aunque muchas veces no sean necesarios; lo importante para este modelo y para la economía de mercado es consumir lo más que se pueda. Es por ello que debemos construir todo un aparato conceptual que se convierta en hegemónico, y que difunda los principios de la Cuarta Transformación y ético-normativos de la política para contrarrestar el proyecto ideológico hegemónico impuesto desde hace más de cuatro décadas. Este nuevo aparato conceptual debe contrarrestar los efectos negativos del proyecto ideológico-político conocido como neoliberalismo que en la sociedad se ha arraigado profundamente, y ha intentado terminar con toda idea de solidaridad social y con formas tradicionales comunitarias y colectivistas, donde el individualismo exacerbado y el afán de triunfo a toda costa, es parte de la idea de “éxito” del neoliberalismo. Este proyecto ideológico ha buscado por todos los medios, establecer las mejores condiciones de privatización de los bienes públicos para la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos, para así favorecer a las élites económicas por encima de la inmensa mayoría. El pueblo en este modelo económico, es desprovisto hasta de su dignidad humana, ya que le deja en un estado de indefensión y de explotación, que le obliga a aceptar pasivamente esta situación de dominación, marginación y pobreza.
El neoliberalismo ha creado una visión del mundo basada en el “éxito” individual y egoísta, es decir, el beneficio material por sobre cualquier cosa y la ilusión del enriquecimiento rápido sólo por desearlo y “echarle ganas”. “Éxito” que se tiene o no se tiene, de acuerdo a la capacidad de consumo de bienes y servicios, la libertad para ser “emprendedor”, la libertad de empresa y comercio, la superación personal y el estatus a través del consumo privado, lleva a la idea de que se es mejor que los demás por la capacidad de consumo de bienes y servicios superfluos y muchas veces inútiles. Bajo tales premisas, se buscó disolver toda idea de solidaridad social y de comunidad. Se puede resumir fácilmente en aquel dicho de “tanto tienes, tanto vales” o, “como te ven, te tratan”. En muchas ocasiones esas frases, llamadas “populares”, no son reflejo de sabiduría popular, sino de prejuicios y de ideas clasistas y racistas basadas en la ignorancia y hasta el desprecio de sí mismo.
En fin, de lo que se trata es de construir un andamiaje jurídico crítico que, como ya se ha mencionado, sea capaz de edificar nuevas instituciones democráticas, entendiendo por democracia no sólo la representación por medio de los partidos políticos (democracia liberal-representativa), sino instituciones de democracia directa que permitan tanto a individuos como a organizaciones y movimientos sociales, ser partícipes y actores directos de los procesos de construcción de soluciones de los temas que son de interés público. Una estructura jurídica crítica, decolonial, emancipadora que dote de herramientas a la comunidad política para su liberación de la opresión velada del sistema de producción económica que hoy impera, así como de las instituciones políticas que son su comparsa y aliadas.
