Aparte de los procedimientos formales,
existe un mundo de influencia informal
mediante “coyotes”, las “palancas”,
los favores personales, las organizaciones
sindicales, otros grupos de presión
colectiva y el soborno[1]
Es importante señalar que, el presente texto, es una crítica a la racionalidad-instrumental burocrática y de dominación[2] de Max Weber, que busca alcanzar ciertos fines técnico-administrativos bajo una estructura jurídica determinada, olvidándose de la parte medular y fundamental: el interés público. Es decir, la crítica se enfoca no en la herramienta en sí misma (la racionalidad-instrumental), sino en el fin que persigue (la dominación hacia dentro de las instituciones públicas y hacia afuera, hacia la sociedad). En otras palabras, las instituciones públicas tienen propósitos y fines últimos que alcanzar, que son los que le dan su razón de ser y existir como instituciones que usan presupuesto de contribuyentes, y para ello, se valen de diversas estrategias para lograrlo. La pregunta es ¿Cuáles son, en términos generales, los fines o propósitos que deben alcanzar las instituciones públicas? También en términos generales, y adelantándonos un poco al tema, podemos afirmar que el fin de las instituciones públicas es salvaguardar el interés público (lo que nos es común y de importancia a todos para reproducir las condiciones materiales de vida) y, lo hace, a través del servicio público.
Ahora bien, entendemos por servicio público, acciones coordinadas de estructuras jurídicas y administrativas con un orden jerárquico dentro de las instituciones públicas[3], en las cuales las personas servidoras públicas, se desempeñan para responder satisfactoriamente a las exigencias sociales, como la garantía de derechos constitucionales y en materia de servicios públicos, principalmente, que demandan diferentes grupos de la población[4]. Es decir, las instituciones que conforman a la Administración Pública (de cualquier orden de gobierno), deben tener como prioridad la satisfacción de las demandas sociales, por encima de los procedimientos internos organizativos que sólo son un medio, no un fin en sí mismo. Esta racionalidad instrumental es el planteamiento de lo “técnico” como neutralidad organizativa, sobre el deber moral de satisfacer las necesidades sociales que tiene el Estado y sus instituciones, entendiendo por instituciones “un conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y regulativas que proporcionan estabilidad y significado al comportamiento social. Las instituciones son el transporte de variados recipientes (culturas, estructuras y rutinas), que operan en múltiples niveles de jurisdicción”[5].
Y se habla de deber moral del Estado (el Estado como un todo, no sólo como instituciones políticas con su división de Poderes), porque “es virtuosa una sociedad que practica la solidaridad, la responsabilidad, y la tolerancia como conductas sistemáticas y comunes. No se trata solamente de conductas individuales ni de heroísmos particulares, sino de virtudes públicas en tanto que compartidas, colectivas, de la mayoría. Virtudes que además refrendan y dignifican la existencia misma de esa vida en común y en armonía con los demás”[6]. Contrario a esto, lo técnico-instrumental es la reducción de lo público en términos políticos, ya que la política es praxis[7] transformadora y, al reducir lo público al monopolio sólo de las élites tecnocráticas, se reduce el ámbito de acción política de los excluidos de los procesos políticos; es por ello que, para los liberales, lo político se reduce a los procesos electorales y a la representación política en las estructuras de poder de toma de decisiones, es decir, para el liberalismo la democracia procedimental es lo importante. Esta racionalidad de lo “técnico”, nos concibe como números, como cifras que se van acumulando en datos estadísticos y no como personas, como seres humanos con necesidades, con demandas y exigencias por ser víctimas de violencia, de opresión, de discriminación y de exclusión, por parte de un sistema económico y social para el cual somos reemplazables.
Un ejemplo de esta “neutralidad técnica” son los llamados Organismos Autónomos Constitucionales. Su existencia la justifican sus defensores, bajo la premisa de que su trabajo es “técnico” y, por lo tanto, alejado de la lucha político-ideológica, sin embargo, “en lo que respecta a la manera en que se ejerce este poder, la noción de “neutralidad”, que a menudo se le asocia, es por demás falsa y engañosa; en efecto, sólo con reflexionar un momento se descubre el absurdo de tal pretensión: hombres profundamente metidos en los asuntos políticos, que desempeñan un papel capital no sólo en la aplicación sino en la determinación de la política, como lo son sin duda estos hombres, probablemente no estarán exentos de algunas inclinaciones ideológicas bien definidas, por poca conciencia que puedan tener de ellas; y estas inclinaciones no pueden menos que afectar no sólo a todo el carácter y orientación de los consejos que ofrecen, sino también a la manera en que llevan a cabo sus tareas administrativas”[8]. Ellos mismos y sus promotores, se afirman como organismos democráticos porque actúan bajo la esfera de la Constitución y que fueron creados por los representantes electos dentro del Poder Legislativo Federal; pretenden ser demócratas sin demos, sin pueblo. Al no ser entes políticos, excluyen al pueblo de su vida interna y así son capaces de tomar las más importantes decisiones con toda discrecionalidad y sin rendir cuentas de sus actos. La realidad es que defienden una forma de ver y entender al mundo bajo la óptica del Estado capitalista que pretende que las instituciones públicas ejerzan poder bajo la lógica de los intereses del mercado y de sus grandes corporaciones que todo lo convierten en mercancía; en realidad, su discurso de objetividad y neutralidad esconde intereses políticos y económicos. Al cederles facultades extraordinarias, el Estado va siendo desmantelado y deja de cumplir su función más importante: brindar seguridad a la población (en el más amplio sentido de la palabra: seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social, seguridad en la salvaguarda de los bienes materiales y de la vida misma, etc.).
La realidad es que son entes al servicio de las élites económicas y políticas, que, sin ser parte de los Poderes del Estado, están contemplados en la Constitución como órganos colegiados y sin ser órganos legislativos, crean normas para gobernarse a sí mismos sin necesidad de pasar por la aprobación de los poderes estatales. Estos entes públicos pueden ser catalogados como ejemplo de corrupción[9], ya que podemos “definir a la corrupción como la apropiación ilegítima del espacio público, en sus tres acepciones: se corrompe lo que es de todos, cuando alguien lo toma para sí mismo (sean recursos, decisiones, espacios físicos, reglas o incentivos); se corrompe lo público cuando se oculta y se esconde, y se corrompe lo público cuando se cierra y se excluye”[10]. A estos OAC, se les han otorgado parte de las atribuciones y responsabilidades del Estado y esto conlleva a que espacios públicos, sean manejados de forma poco clara y con criterios discrecionales sobre las decisiones que toman con respecto a lo público, entendiendo por lo público como lo que es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que concierne a la comunidad (…) lo manifiesto y ostensible en contraposición a aquello que es secreto, preservado, oculto (…) lo que es de uso común, accesible para todos, abierto, en contraposición con lo cerrado, que se sustrae a la disposición de los otros”[11]. Quienes toman las decisiones en estos organismos, son personas ligadas a élites económicas y políticas que, generalmente, han sido puestas en estas posiciones para salvaguardar los intereses de quienes los colocaron ahí, bajo la fachada democrática de la “neutralidad científica” y de la legitimidad constitucional.
Resaltar estas ideas de mezclar la visión de mercado de las empresas privadas con el ámbito de lo público pretende dejar claro que, a pesar que existen diversos enfoques de la diferentes escuelas de teorías de la Administración Pública (que muchas son modas pasajeras para el estudio desde la academia y el estudio de gabinete), y que muchos de ellos vienen de la administración de empresas y que tuvieron su auge en el periodo neoliberal donde imperaban conceptos como eficiencia y eficacia[12], lo cierto es que sin importar las modas de estos modelos administrativos y de la empresa privada, una teoría crítica de la administración pública[13] debe establecer como fines prioritarios:
1) La emancipación de las personas servidoras públicas a través de procesos de liberación intelectual y de conciencia de clase y, para cumplir con este objetivo, “(…) la teoría crítica aspira a dar a los propios sujetos una plena conciencia de las contradicciones implícitas de su existencia material, penetrar la mistificación ideológica y las formas de falsa conciencia que deforman el significado de las condiciones sociales. Los teóricos críticos ven la distinción entre teoría y acción (que aceptan los partidarios de la teoría tradicional), como un reflejo ideológico de una sociedad donde la “teoría” sólo sirve para fortalecer el statu quo”[14]. Con esto lo que se busca es que sin importar que haya estructuras jerárquicas institucionales y legales, estas no deben ser pensadas y construidas para la dominación ni del servidor público ni del pueblo en general. Las personas que desempeñan un cargo público, deben ser conscientes de su papel como sujetos de transformación hacia un horizonte más democrático y con una visión de lo público como vocación de servicio, no de dominación. El funcionario público es un ser oprimido, ya que “como bien lo supo Weber, el funcionario burocrático es un cautivo inconsciente de la autoridad jurídica racional que un opresor consciente y venal. Contra los imperativos burocráticos de impersonalidad, control y técnica, no es probable que ni siquiera unas intenciones buenas y humanitarias logren establecer una gran diferencia”[15]; es por ello que requerimos administradores críticos de lo público, y lo público entendido como algo que nos es común a todos, y no con esa anquilosada idea del patrimonialismo burocrático donde se cree que lo público es propiedad de quien lo administra y se puede hacer uso faccioso y discrecional del erario y de los diferentes recursos que se tiene bajo resguardo. Si hay algo que transformar en el ámbito público-institucional, es la crisis de legitimidad de la burocracia y del servicio público en general. Una teoría crítica de la administración pública debe superar la discordancia entre los intereses del pueblo y los intereses de las burocracias; lo paradójico es que esa mediana y baja burocracia (en términos jerárquicos), son parte del pueblo explotado y marginado. Es por ello que requerimos nuevos diseños institucionales y organizacionales democráticos donde las personas servidoras públicas no sean objeto de dominación, sino sujetos libres, autónomos e independientes. Para ello, se requiere de la introyección de los principios ético-normativos de la política para usarlos en sus funciones jurídico-administrativas;
2) Nuevo diseño de estructuras públicas gubernamentales y estatales; una estructura entendida como un esquema orgánico-institucional que establece procesos, procedimientos, jerarquías y división del trabajo para alcanzar objetivos y metas por medio de estrategias y líneas de acción, que se ajustan a un marco jurídico general, creado por el poder legislativo, y a una normatividad interior, establecida por la propia institución y que busca satisfacer demandas y necesidades sociales. Entendiendo por sociales que pertenecen a diversos sectores de la sociedad que, por lo general, se han visto excluidos de la garantía de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales establecidos en la Constitución. En este sentido, es importante destacar que como las instituciones estatales se construyen dentro de un marco jurídico, este debe ser un conjunto de leyes (desde la Constitución hasta los bandos de policía y gobierno municipales) creadas por el Poder Legislativo, bajo una visión crítica de las leyes, y no en defensa de los intereses de las élites económicas bajo lo que se conoce como estructuras jurídicas del despojo[16]. Estas nuevas estructuras de burocracias públicas, deben responder a los intereses ciudadanos y (no a los intereses de las organizaciones públicas de forma autorreferencial), sobre todo, de los más vulnerables, los pobres y los marginados. Deben reconocer sobre todo a ellos, ya que es el pueblo (el bloque social de los oprimidos) quien sobre todo padece la violación y el incumplimiento de sus derechos constitucionales y, quienes o no reciben, o reciben servicios públicos insuficientes e ineficientes que deteriorar su bienestar de vida;
3) Establecimiento de los principios ético-normativos. Este punto es de fundamental importancia en una teoría crítica de la administración pública, ya que se trata de una ética para la afirmación y desarrollo de la vida del pueblo. No confundir como hoy en día se hace cuando se habla de “ética del servicio público” y se entiende como una dicotomía entre portarse “bien” o “mal” en el desempeño del cargo público. Este tipo de ambigüedades son las que fomentan actos de corrupción al no clarificar que el servicio público no se divide entre buenos y malos. Los actos de corrupción van mucho más allá, tienen que ver de inicio con lo que el Doctor Enrique Dussel ha llamado la fetichización del poder, y el mayor acto de corrupción está en que la persona servidora pública se crea la sede del poder público, cuando la única y verdadera sede del poder es el pueblo[17];
4) Tener una posición política clara a favor de la liberación y de la emancipación del pueblo. Una teoría crítica de la administración pública, no puede ser una teoría “neutral”, como otras teorías afirman ser. La supuesta neutralidad es parte del juego ideológico de dominación hegemónica donde se dice que las disciplinas del conocimiento en su carácter de Ciencias, deben mantenerse al margen de posiciones ideológico-políticas. Esta es la visión positivista de la ciencia donde se busca plantear hipótesis, se construyen teorías y se diseñan metodologías de investigación, para acceder al conocimiento “neutral”. Sin embargo, los teóricos críticos rechazan la posibilidad de ciencias sociales despojadas de valores afirmando que la descripción y explicación que pretende esa objetividad acaban por reforzar y legitimar los “hechos” del mundo actual, con el resultado de que se vuelve difícil, si no imposible, que la humanidad se emancipe de esos hechos[18]. En otras palabras, quienes se dedican al desarrollo de las ciencias, sobre todo las sociales, tienen un lugar de enunciación, una posición de clase, una forma de ver, entender y explicar los hechos sociales y, esa posición de clase social, les coloca en una posición no neutral al momento de plantear sus hipótesis, teorías y métodos de investigación.
5) La justicia vista desde la teoría crítica como modelo de combate a la desigualdad y que se instrumenta a través de las acciones de gobierno. En este sentido, es importante destacar que la justicia va más a allá de dar a cada quien lo que le corresponde (como comúnmente se dice), más bien debiéramos definir la justicia como un proceso social que debe buscar combatir la desigualdad material entre las personas, ya que esta desigualdad genera pobreza, marginación, violencia y todo un conjunto de problemas sociales que se reflejan en el deterioro de la vida de las personas que lo sufren. La justicia crítica[19] debe hacer hincapié en las causas que generan la desigualdad ya sea política, económica, de género, por razón de pertenencia a una etnia, credo religioso o cualquier otro factor que sea usado como pretexto para generar desigualdad y discriminación, así como en los efectos que trae aparejada. Es por ello que una teoría crítica de la administración pública aplicada a las acciones de gobierno, debe tener como uno de sus objetivos fundamentales la justicia distributiva, “un derecho igual a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales para todos y condiciones de equitativa igualdad de oportunidades”[20].
6) Un nuevo andamiaje jurídico que sustituya a las estructuras jurídicas del despojo que dan sustento a instituciones opresoras y diseñadas para beneficio y servicio de las élites. Requerimos construir un nuevo paradigma jurídico liberador, emancipador y crítico que ponga a las víctimas del proyecto ideológico neoliberal en una posición de resarcir los daños que el modelo elitista neoliberal ha causado.
7) Asignación y distribución del erario para diseñar e implementar planes, programas, políticas y la garantía de derechos acordes con la teoría crítica de la administración pública, donde los presupuestos contribuyan a construir relaciones económicas y sociales democráticas, horizontales y no sólo mediadas por criterios de eficiencia y eficacia[21];
8) Los resultados de planes, programas y políticas deben ser medidos por el impacto que tengan en la mejora de las condiciones de vida de la población, en particular de lo más vulnerables, pero también en términos del efecto negativo o positivo sobre el medio ambiente y no exclusivamente de la racionalidad económica que depreda la naturaleza; además del impacto en el cumplimiento de derechos sociales, económicos, políticos y culturales;
9) Construir una relación simbiótica entre instituciones del Estado y el pueblo, donde la gente conozca sus derechos y también sus obligaciones y responsabilidades con respecto al ámbito de lo público. Esto permitirá la cooperación entre instituciones públicas y sociedad.
10) Separación tajante entre lo privado-empresarial y lo público-gubernamental. Es indispensable que la visión empresarial deje de aplicarse en el ámbito de los poderes del Estado. Llevar la visión de la empresa privada a querer ser aplicada como si las instituciones públicas pudieran ser manejadas como empresas, ha traído una inmensa corrupción, ya que servidores públicos que han aplicado criterios empresariales, han tenido un acercamiento enorme a procesos de privatización de empresas públicas y que han sido vendidas a la iniciativa privada, donde luego son contratados como asesores o parte de sus consejos de administración. Basta recordar que las instituciones públicas tienen una finalidad social que cumplir, no un afán de lucro y si bien es cierto que es importante que si hay empresas paraestatales sean productivas y generen ganancias, esas ganancias deben ser invertidas para el propio desarrollo de la empresa y otros proyectos productivos para satisfacer necesidades sociales y demandas populares. Uno de los grandes caminos hacia la corrupción es querer ver al Estado y sus instituciones como consejo de administración de empresas nacionales y extranjeras; esta es la idea que la clase dominante tiene sobre la función del Estado[22].
De estos principios señalados, podemos afirmar que las instituciones públicas son mediaciones y las personas y su bienestar son el fin que hay que alcanzar; todas las herramientas de gobierno, como las políticas públicas, la planificación, la construcción de indicadores y la metodología de marco lógico, entre muchas otras, son sólo un medio para alcanzar fines, y esos fines estarán trazados por la comprensión que tenga los gobiernos con respecto a cuáles son sus prioridades: el bienestar del pueblo y fomentar la democracia directa y participativa; el dominio de las élites y la conservación de sus privilegios; las empresas nacionales y multinacionales y la generación de ganancias por encima incluso del cuidado de medio ambiente y del pago de impuestos; las instituciones públicas como organizaciones burocráticas que sirven a los intereses de la élite económica, las relaciones de poder institucional interno y externo, etc. Es importante señalar que, para un gobierno que fundamenta su desempeño en los principios éticos-normativos, los más vulnerables, los oprimidos, los excluidos de la sociedad, son la prioridad y son el fin para dar satisfacción a sus necesidades y demandas, no sólo por una cuestión de convicción, sino de justicia histórica y del cumplimiento de la ética como afirmación y desarrollo de la vida del pueblo.
Es importante destacar que no se está planteando dejar de lado algunos aspectos de la administración pública tradicional, tales como las estructuras jerárquicas formales (leyes, reglamentos, manuales de organización, procedimiento, etc.), la división del trabajo, los conocimientos técnicos en áreas muy específicas o la profesionalización de personas servidoras públicas[23]. La pretensión es que las instituciones públicas del Estado, que por naturaleza y hasta por necesidad práctica son jerárquicas y enmarcadas en leyes y normatividades internas que les permiten funcionar, marchen dentro de los principios ético-normativos críticos, es decir, que sus funciones, objetivos, metas y estrategias sean dirigidas hacia la transformación de las estructuras de dominación, sometimiento y, por ende, de empobrecimiento y explotación del pueblo. El trabajo de las organizaciones y de las burocracias públicas, así como del conjunto del Estado y de los gobiernos, es responder a las exigencias de los pobres, de los marginados, de los excluidos y dominados por el sistema capitalista en su fase neoliberal que los oprime y que no les permite desarrollarse y que sólo les vende cortinas de humo a través de un discurso de autosuperación y falsas promesas. “(…) la teoría interpretativa y la teoría crítica sostienen que la realización individual se logra por medio de los procesos sociales en la comunidad humana. Los procesos son importantes en sí mismos, ya que aportan el contexto en el cual se desenvuelven los proyectos de los individuos y se alimentan las relaciones humanas”[24].
Para ello, analizaremos el caso de una herramienta de gobierno que se usa desde los años 50´s: la política pública. Este es el nombre que se le ha dado a las acciones que lleva a cabo un gobierno que ha detectado que existe un problema público. Sin embargo, los conceptos de política pública, política gubernamental y gobierno, van íntimamente ligados al concepto de burocracia. ¿Qué es lo primero que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra burocracia o burócrata? Seguramente nos viene a la menta una idea negativa relacionada con la ineficiencia, la holgazanería y la corrupción. Sin embargo, cuando Max Weber escribió sobre la burocracia tenía en mente una idea muy distinta. Weber pensaba en organizaciones que estuvieran orientadas en metas de acuerdo a ciertos principios racionales (racionalidad instrumental con respecto a medios-fines), con el propósito de lograr sus objetivos con criterios de eficiencia y eficacia. Describió instituciones jerárquicas con una cadena de mando que fluyera de arriba hacia abajo junto con la información y con instrucciones precisas donde todo mundo sabe y conoce el rol que le toca desempeñar. Esta idea weberiana de la burocracia es “la manifestación organizacional del espíritu racional, era un medio tan eficiente y poderoso de controlar a los hombres y las mujeres que, una vez establecida, no podía darse marcha atrás al impulso a la burocratización (…) burocratización que aumentaba la necesidad de los gobernantes de controlar a su personal y a sus ciudadanos”[25].
Si la burocracia y la burocratización, son elementos de control y dominación del Estado Moderno, ¿Cuáles son los fines que debe perseguir una teoría crítica de la administración pública? ¿Es necesario que la teoría crítica de la administración pública, resignifique conceptos y categorías para convertirlos en parte de un discurso hegemónico? ¿Qué hacer para que haya una reconciliación entre los intereses de las instituciones burocráticas, su personal y entre los intereses del pueblo? ¿Qué opción tenemos para transformar al Estado (incluyendo a la burocracia) en un conjunto de instituciones no de dominación, sino de servicio hacia los más vulnerables? ¿Qué posibilidad real existe de fortalecer al Estado en México y democratizar sus instituciones para que ejerzan un poder obediencial[26]? ¿Cómo diseñar políticas públicas con los principios ético-normativos de la política? Y más aún, ¿Qué son y qué significan estos principios normativos y cómo se relacionan con una herramienta de gobierno como son las políticas públicas?
Para dar respuesta a esta última pregunta, que será la guía de respuesta a las otras preguntas, diremos que los principios ético-normativos de la política esenciales, son tres. EI principio material (M) obliga acerca de la vida de los ciudadanos; el principio formal (L) democrático determina el deber de actuar siempre cumpliendo con los procedimientos propios de la legitimidad democrática; el principio de factibilidad (F) igualmente determina operar sólo lo posible (más acá de la posibilidad anarquista, y más allá de la posibilidad conservadora)[27].
Fuente: esquema tomado del texto original[28]. La flecha a indica la determinación formal de la legitimidad democrática de todas las acciones e instituciones económicas, ecológicas, culturales. La flecha f, por el contrario, indica la determinación material de las acciones o instituciones democráticas, y así sucesivamente. Se trata entonces de una mutua y compleja codeterminacion sin última instancia.
Este esquema que nos presenta el Dr. Enrique Dussel, muestra la mutua influencia que existe entre los tres principios. Es importante señalar que el principio material es de la afirmación de la vida del pueblo. Todas las acciones que un Estado y sus diferentes órdenes de gobierno emprenden, ya sea planes, programas, políticas, etc., deben mirar por el bienestar de pueblo, entendiendo por pueblo al bloque social de los oprimidos[29]. Este principio, a diferencia de la visión capitalista y sobre todo en su fase neoliberal, establece la importancia que tiene la colectividad, la comunidad sobre el individuo[30]. Basta recordar que el liberalismo fomenta la idea del individualismo exacerbado, incluso del egoísmo de las personas para satisfacer sus intereses y engañosamente nos hace creer que, si el individuo está bien, la comunidad estará bien. Sin embargo, décadas de experiencia neoliberal, nos demuestran la falsedad de dicha afirmación.
En segundo lugar, tenemos el principio formal. En términos generales, este principio establece que la comunidad política participe de forma directa en los asuntos públicos para tomar decisiones sobre temas que son de su interés y que afectan, para bien o para mal, su bienestar y calidad de vida. En este sentido, es indispensable diseños institucionales que permitan la democracia directa del pueblo en la toma de decisiones además de un marco jurídico lo suficientemente democrático para que esas instituciones, sean posibles en términos legales y presupuestales y que funcionen de manera constante. Lo más conveniente para que la gente participe en política, es que haya una reforma constitucional (o incluso una nueva constitución) y por lo menos una ley secundaria, que establezcan a la democracia directa como una forma legal e institucional reconocida y que reconozca el derecho del pueblo a participar en los asuntos públicos. Esta participación directa genera una fuerte legitimidad de la que carece la representación elitista del liberalismo.
A este argumento los defensores del conservadurismo liberal-elitista siempre se han opuesto. Para ellos, la democracia se agota en los procesos electorales donde se elige, dentro de una limitadísima gama de posibilidades, a quienes han de ocupar los cargos de “representación popular”. La élite política siempre ha defendido esta forma legal e institucional de la democracia liberal. Pero para nosotros, los radicales, que luchamos para que haya una transformación profunda y de raíz de las estructuras legales e institucionales del viejo régimen (para así dar paso a la construcción de un nuevo régimen político), no es suficiente con tener “representantes” en las estructuras de poder de toma de decisiones. Es indispensable que, así como hay un reconocimiento en la representación política que tienen las élites (entiéndase los poderes del Estado), haya representación real en las estructuras de poder político y el pueblo cuente con representantes emanados de sus propias filas y bajo el principio del poder obediencial. Con esto se enfatiza el poder del pueblo como único soberano, sin embargo, al vivir en sociedades tan grandes, complejas y numerosas, la organización política en democracia directa debe ser parte del diseño legal, organizacional e institucional, es decir, de las estructuras del propio Estado, para poder ser realizable. Con esta idea no se suprime la representación política, simplemente se busca que esa representación sea autentica voz de las necesidades y demandas del pueblo, no sólo de las élites.
El tercer principio ético es el de la factibilidad. Es la posibilidad real de emprender acciones que sean realizables dentro del contexto político, económico y social que se vive. De nada sirve plantear “soluciones” o “proyectos” irrealizables, que sean más guiados por las buenas intenciones, el desconocimiento o hasta por la desesperación. Este principio de factibilidad es pilar fundamental para el logro de los dos principios anteriores. Para el Profesor Enrique Dussel, “el principio normativo de factibilidad política podría ser aproximadamente enunciado de la siguiente manera: Debemos operar estratégicamente teniendo en cuenta que las acciones y las instituciones políticas tienen que ser siempre consideradas como posibilidades factibles, más allá de la mera posibilidad conservadora y más acá de la posibilidad-imposible del anarquista (…) Es decir, los medios y los fines exitosos de la acción y de las instituciones deben lograrse dentro de los “estrictos marcos”: a] cuyos contenidos están delimitados y motivados desde dentro por el principio material político (la vida inmediata de la comunidad), y b) cuya legitimidad haya quedado determinada por el principio democrático”[31].
Ahora bien, una vez puntualizados los principios ético-normativos de la política, es pertinente describir de forma general, qué es una política pública y cómo los principios ético-normativos deben ser la base fundamental de cualquier política pública, plan o proyecto gubernamental crítico.
La política pública es una herramienta de gobierno que ha llegado a ocupar un lugar central tanto en el ámbito académico, como en el discurso y acciones de gobierno. Todo mundo habla de políticas públicas, pero ¿Qué son? ¿Qué las caracteriza? ¿Política pública es lo mismo que política gubernamental? ¿Todas las políticas de gobierno son políticas públicas? En fin, son preguntas que trataremos de responder. Cuando se dice que la política pública es una herramienta, se entiende que es un instrumento que usan los gobiernos para dar respuesta a un problema público específico que es importante para el propio gobierno o para un determinado sector, una población o una comunidad. En palabras de Wayne Parsons, “una característica fundamental de la enseñanza en política pública es su orientación a la resolución de problemas, lo que requiere un carácter multidisciplinario y la inclusión de fundamento analíticos de disciplinas como la economía, la ciencia política, el derecho, la administración pública, la matemática y la estadística, así como habilidades técnicas variadas y enfoques sociológicos, antropológicos y psicosociales, para pensar en términos de políticas públicas y hacer que los modelos utilizados permitan abordar situaciones institucionales complejas. Además, entre otros muchos aspectos, está el contexto en el que se toman las decisiones y se implementan las políticas, así como su análisis de factibilidad”[32]. Siguiendo con esta idea, las políticas públicas implican multi y transdisciplina, coordinación institucional, jerarquización de prioridades, planificación de procesos y procedimientos, diseño y planificación de objetivos y metas, evaluación del impacto de la política pública, decisiones coordinadas y acciones concretas, programación y asignación de presupuestos, conocimiento de leyes y reglamentos y todo un trabajo en equipo entre organismos gubernamentales y sociedad. Este último punto es de suma relevancia y se vincula con el segundo principio ético-normativo: la participación y el consenso. Aunado a ello, es importante establecer las diferencias fundamentales que existen entre el sector público y el privado. El sector público[33]:
- Asume tareas más complejas y ambiguas.
- Enfrenta más problemas al poner en práctica sus decisiones.
- Emplea a más personas que tienen una amplia gama de motivaciones.
- Se preocupa más por asegurar oportunidades o habilidades.
- Se interesa más por compensar las fallas del mercado.
- Participa en actividades de mayor importancia simbólica.
- Está sujeto a normas de compromiso y legalidad más estrictas.
- Tiene más oportunidades de responder a problemas relacionados con la justicia.
- Debe funcionar o aparentar funcionar en nombre del interés público.
- Debe mantener niveles mínimos de apoyo público superiores a los requeridos en el sector privado.
Es de primordial importancia entender los puntos anteriores, ya que clarifican bastante bien, aunque no de forma exhaustiva, la diferencia entre el ámbito de lo público y el privado. Y es importante saberlo porque dentro de las teorías de la administración pública, ha habido algunas que pretende ver al Estado y al gobierno como si fueran empresas que se pueden manejar con criterios de mercado y de rentabilidad económica, entre ellas la teoría de la elección racional o la gerencia pública. Es por ello que, para una teoría crítica de la administración pública, es criterio fundamental la separación de lo económico empresarial, de lo público gubernamental, ya que hemos visto múltiples casos donde la alta burocracia gubernamental se confabula con los grandes intereses corporativos de empresas transnacionales, que obtienen muchas ventajas en términos de contratos y exención en pago de impuestos, y que se benefician económicamente de forma escandalosa, en detrimento de los países donde los altos servidores públicos se vuelven sus cómplices. Sin duda es cierto que “para la élite que constituye el gran cuerpo del Estado, la administración no es ahora sino la antecámara de una posición en el mundo de los negocios (…) construcción de una sola oligarquía de gerentes o tecnócratas que trabajan en el mundo de los negocios, en las industrias públicas o en los gobiernos”[34].
Una vez hecha esta aclaración, es importante destacar que, como decíamos de acuerdo al segundo principio de la ética, la parte más importante para un movimiento de izquierda que se encuentra en estructuras de toma de decisiones del Estado mexicano como es el movimiento de regeneración nacional y para los gobiernos que de él emanan, es la participación del pueblo en los asuntos públicos. Y no es que antes no haya sido prioridad para la izquierda la participación política del pueblo, sólo que debe haber dos condiciones necesarias para la Cuarta Transformación: 1) participar teniendo como guía teórica los principios ético-normativos de la Filosofía de la Liberación[35] y la Teoría Crítica[36] y 2) a través de mecanismos institucionales, legales y con herramientas técnicas de gobierno (como las políticas públicas). Hay quienes afirmarán que las políticas públicas son propias de gobiernos neoliberales; dicha afirmación es irrelevante. Aquí las consideramos simplemente como instrumentos que sirven, por su naturaleza, para cumplir un propósito. Es como si pensáramos que Internet por haber sido desarrollado por militares norteamericanos, tiene un sello característico propio del capitalismo imperialista y que no debe ser usada por movimientos o partidos de izquierda que pretenden profundas transformaciones. Internet también es un instrumento, una herramienta que depende del uso que se haga de ella. Punto.
Aquí es donde debemos comenzar a plantear la construcción de políticas públicas críticas e incluso ir más allá, la cimentación de toda una teoría crítica de la administración pública que supere los viejos modelos administrativos como la cientificidad de Frederick Winslow Taylor, el estructuralismo burocrático de Max Weber, la racionalidad instrumental de Herbert Simon o el proceso estratégico de Henry Mintzberg, entre muchos otros, que tuvieron su tiempo, su auge y cumplieron con ciertas necesidades para el tipo de sociedades donde fueron desarrolladas, pero que hoy resultan insuficientes para gobiernos de izquierda que pretenden construir sobre formas de organización comunitaria y con participación directa del pueblo. Es momento de superar la visión de las escuelas tradicionales de administración pública como la Teoría Neoclásica; la Teoría de Sistemas y Racionalidad Organizacional; la Teoría de las Relaciones Humanas: las Teorías de Mercado o la Nueva Gestión Pública[37], entre otras y que hasta hoy, han servido al interés de las minorías que han gobernado y que se han asociado con empresas transnacionales para beneficio de unos pocos dueños de los grandes capitales y, olvidándose así, de velar por los intereses de toda la población en su conjunto.
En este sentido, es importante recordar que el nacimiento histórico del Estado, se da cuando surge lo que hoy denominamos la Modernidad y, casi al mismo tiempo, es cuando está en ciernes el capitalismo mercantil en Europa. Parece que no es casual que el Estado haya emergido casi al mismo tiempo que el sistema de producción capitalista y que haya un vínculo muy estrecho entre Estado y capital. Sin embargo, debemos entender que el Estado al ser una construcción artificial, pensada y diseñada en un momento histórico muy particular, es un ente que puede ser modificado según las necesidades acorde con el contexto de que se trate. Es decir, que si bien es cierto el Estado nace aparejado al capitalismo, no necesariamente estamos determinados a pensar que uno no puede sobrevivir sin el otro, más bien tenemos que plantearnos la tarea de que si se modifica la relación de fuerza política entre élites y el pueblo (pensando que el pueblo tenga mayor poder político y capacidad de toma de decisiones aún dentro de un sistema de producción capitalista), cómo se debe transformar el Estado y sus instituciones para que no sólo respondan a los intereses de la élite política y económica, sino también a los intereses y garantía de derechos sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo.
En palabras del Profesor Enrique Dussel, podemos plantear las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los intereses de las instituciones públicas desde la visión de la teoría crítica? ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las instituciones y organizaciones públicas, desde la óptica de la teoría crítica? ¿Qué principios y valores deben abanderar? ¿Cómo debe ser su estructura jurídica y administrativa? Aquí una posible respuesta es que deben posicionarse desde la visión de los pobres, desde el lugar de enunciación de los explotados y los marginados. Es aquí donde encontramos el “diagnóstico de la patología del Estado”[38].
Diagnosticar significa identificar las fallas y las deficiencias al examinar una cosa y con base en ese diagnóstico, hacer un análisis de posibles soluciones al hecho o situación en cuestión. En el caso que menciona el Profesor Dussel, la “patología del Estado” no es otra cosa que explicar el porqué del fracaso del modelo económico y político del liberalismo clásico que se ha instrumentado desde hace 500 años y que ha llevado a la imposibilidad de dar satisfacción a las necesidades de los pobres, de los excluidos, de los oprimidos (modelo que sólo ha sido exitoso para las élites que cada día acaparan y acumulan más riqueza en detrimento de las mayorías empobrecidas. Lo que las élites ganan, el pueblo lo pierde). La identificación de esta patología nos marca nuestro lugar de enunciación como pensadores y actores políticos de izquierda, desde el cual debemos situarnos para entender, analizar y transformar las causas que generan que el Estado capitalista actual, haya creado tan pocos ricos y multimillonarios a nivel mundial y tantos millones de pobres que carecen hasta de lo más básico. No es este el lugar para explicar las condiciones estructurales y superestructurales del capital, simplemente es importante señalar que el capitalismo es un sistema económico que genera desigualdad, pobreza, explotación y marginación de los desposeídos de los medios de producción, que somos la inmensa mayoría[39]. Aunado a la cuestión económica del Estado liberal, basta decir que sus modelos jurídicos y administrativos (con sus múltiples escuelas, corrientes de pensamiento y multiplicidad de enfoques teóricos y metodológicos) siempre han sido diseñados para beneficio de las élites económicas y políticas y es así que, la no-élite (los pobres, los oprimidos), se han tenido que conformar con beneficios y ganancias marginales del Estado Benefactor de la segunda mitad del siglo XX; hoy en una profunda crisis.
Esta crisis nos hace pensar que es tiempo de construir una teoría de la administración pública como el instrumento crítico que permita no sólo evidenciar la “patología del Estado” moderno capitalista en favor de las oligarquías y en detrimento de los pobres, sino que también establezca directrices de cómo podría ser administrado un Estado (su estructura jurídica y administrativa y los fines que persigue) que busca resarcir todo el daño y el saqueo que han impuesto las élites económicas en detrimento de los más vulnerables. Para construir esta teoría crítica específica, es necesario que la estructura jurídico-administrativa del Estado, sea rediseñada en su normatividad, sus procesos y procedimientos, así como en la forma en que se conducen los servidores públicos y los objetivos que se persiguen.
Para dar este giro es indispensable que formemos personas servidoras públicas críticas, que conozcan y compartan los principios de la teoría crítica, requerimos de una renovación profunda de la burocracia estatal, sin esto, se heredaría un conjunto de funcionarios que tendrían como preocupación primordial, o como una de sus principales preocupaciones, se supone, limitar el “daño” que tal gobierno haría, y hacer todo lo posible por interponer inhibiciones administrativas a las medidas políticas que les pareciesen totalmente aborrecibles”[40]. Las personas servidoras públicas son eje fundamental para la construcción de nuevas formas organizacionales e institucionales y, para construir y diseñar organizaciones gubernamentales que respondan a los criterios de la teoría crítica, es preciso formarlos intelectualmente en estos temas, así como en los principios ético-normativos. Sin una formación ética-normativa adecuada, seguiremos teniendo una alta burocracia que atiende y representa los intereses del capital y las empresas transnacionales, y una mediada y baja burocracia que se vuelven simples ejecutores de la voluntad de quienes están al frente de las instituciones de gobierno; personas sin el más mínimo criterio de reflexión sobre qué hacen en el ámbito público, por qué lo hacen, para qué lo hacen y para quién lo hacen.
Es por ello, que se vuelve indispensable involucrar a quienes ocupan cargos administrativos, ya que también son sujetos de dominación: El funcionario público es un ser oprimido, como ya hemos mencionado, es por ello que, no basta que los servidores públicos tengan la intención de hacer las cosas de manera “correcta”, ya que si las estructuras institucionales y los diseños organizacionales hasta hoy vigentes, han sido pensados para la dominación y sujeción obediente no sólo de los servidores públicos, sino de las mayorías empobrecidas y en favor de las élites políticas y económicas, no bastan los buenos propósitos. Para lograr esta transformación, es indispensable un nuevo régimen político donde los principios ético-normativos sean el faro que guíe el desempeño de las personas servidoras públicas, ya que estas, no pueden ser vistas como una simple extensión de la estructura, “como piezas de los procedimientos administrativos o en granes de la maquinaria de los procesos técnicos. No existen realmente individuos, sino funcionarios u obreros que operan de acuerdo a las reglas de manera automática y precisa”, como afirmaban Max Weber y Charles Taylor[41]. Las personas dentro de las instituciones debemos ser tomadas en cuenta con nuestra esencia como seres humanos, no como piezas de desecho y listas para ser remplazables cuando ya no seamos necesarias; esa es la lógica del capitalismo.
Las fallas estructurales del sistema capitalista responden a campos como el económico, el político y el social. En el campo político, algunos teóricos liberales identifican al Estado como el objeto de estudio de la Ciencia Política, otros identifican al poder político (como una forma de dominación) como el fundamento de su estudio. Para la construcción de una Ciencia Política Crítica, el objeto de estudio deben ser las relaciones de poder, pero el poder entendido como servicio a la comunidad política (el pueblo) y no como dominación; debe ser la relación entre la potentia y la potestas: Denominaremos entonces potentia al poder que tiene la comunidad como una facultad o capacidad que Ie es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la autoridad, de la gobernabilidad, de lo político (…) La necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye lo que denominaremos la potestas (…) Si la potentia es el poder en-sí, la potestas es el poder fuera de-sí[42]. En otras palabras, el poder legítimo y soberano del pueblo se debe transformar el poder institucional; pasar de la mera posibilidad (como energía potencial que está suspendida, latente para ponerse en movimiento en cualquier momento) a un poder que construya instituciones con poder delegado y obediencial para cumplir con los principios éticos-normativos.
En este sentido, es como dice el profesor Dussel, una nueva concepción positiva de la política que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de los miembros de la comunidad, del pueblo[43]. Para ello, son necesarias nuevas instituciones, un nuevo régimen político con las características que ya se han mencionado. Sin embargo, es indispensable deconstruir modelos organizativos y herramientas de gobierno como las políticas públicas, por ejemplo. Es por ello que necesitamos construir políticas públicas críticas donde la participación del pueblo con base en el segundo principio ético sea la columna vertebral.
Dijimos que el principio formal democrático determina el deber de actuar siempre cumpliendo con los procedimientos propios de la legitimidad democrática, es decir, la participación de la gente como eje rector de la toma de decisiones de los asuntos públicos y, para ello, se requiere del proceso de institucionalización (potestas) para construir instituciones que respondan de forma legal a la legitimidad democrática del poder del pueblo (potentia). Para entender mejor esto digamos de forma sencilla que se reforma la Constitución (o incluso se podría requerir todo un nuevo arreglo constitucional para tener una nueva estructura del Estado) para crear una institución de democracia directa en los municipios. A su vez, se requeriría de la reforma de las constituciones locales (pensando en que México está constituido como una federación) para armonizarlas con la Constitución Federal y, que a su vez, los congresos locales modifiquen las leyes orgánicas municipales para institucionalizar la democracia directa en los municipios.
La idea es simple pero no sencilla de instrumentar. Si existiera una nueva estructura jurídica que contemplara que los movimientos sociales, las organizaciones gremiales, las asociaciones de colonos y vecinos, etc., tengan participación directa en asambleas municipales para tomar decisiones vinculantes que ejecuten los ayuntamientos y la administración pública municipal, podríamos pensar que es una democracia ampliada no sólo a nivel de la representación que hacen los regidores de los intereses del pueblo, sino que el pueblo mismo participe de forma directa. La idea central es que la gente decida (y para esto es indispensable crear normas, reglamentos o cualquier otro instrumento organizativo para tomar decisiones): 1) en qué y cuánto se gasta; que esto deje de ser una facultad discrecional de ejecutivo municipal y de los ayuntamientos; 2) que la gente decida cuáles son los problemas prioritarios que la autoridad municipal debe resolver.
Es natural que sobre los problemas a resolver surgirán diferencias entre la gente con respecto a qué es más importante solucionar, si los problemas de inseguridad, alcantarillado y drenaje, obra pública, servicio de recolección de basura o cualquier otro que sea competencia municipal. Para ello, se hace indispensable lo que ya se mencionaba, una estructura jurídica que permita esta figura de democracia directa como institución de toma de decisiones del pueblo y, al mismo tiempo, mecanismos de solución de los conflictos y diferencias que surjan con respecto a la toma de decisiones. Lo importante aquí es que sea la gente quien decida y que sea el gobierno municipal (el Ayuntamiento en conjunto) a través de la administración pública, la que procese e instrumente de forma técnica, jurídica y administrativa las soluciones planteadas una vez que se ha tomado una decisión por parte de la gente.
Así es como iremos construyendo políticas públicas participativas donde sea la gente la que decida directamente sobre los temas que le interesa solucionar. Hasta hoy, siempre que se ha hablado de políticas públicas se refiere a políticas gubernamentales que casi siempre son unidireccionales, de arriba hacia abajo y se ejecutan cuando ya una “élite tecnocrática e ilustrada” en temas de gobierno, ha tomado una decisión sobre lo que más le conviene a la gente. Como si saber las necesidades de una comunidad, una colonia o un pueblo se pudieran conocer desde el escritorio de una oficina, como si fuera aceptable que el ejercicio de gobierno quedara bajo el esquema de “una administración burocrática pura, atenida al expediente, que constituye la forma de dominación más racional” y que en contraste con la propuesta de una forma de organización participativa es que “uno de los rasgos importantes de la definición de burocracia en Weber es la distinción -que a veces se perfila como contradicción y oposición- entre la esfera de la administración burocrática y la del ejercicio de la democracia”[44]. En pocas palabras, gobernar es crear mecanismos democráticos institucionales de participación directa de la gente. Las personas servidoras públicas más que ocuparse y preocuparse del expediente, de la norma, el reglamento o la circular, deben estar atentas a cómo la administración pública procesa las demandas sociales que la gente tenga sobre problemas públicos muy específicos. Con esto no nos referimos a olvidar y dejar sin importancia las estructuras y todo lo que ellas conllevan, no, las estructuras organizacionales siguen siendo muy importantes, simplemente decimos que dicha estructura, que el cambio institucional[45] y los mismos servidores públicos, son mediaciones para alcanzar un fin, que no es otro que generar condiciones de bienestar, producción, reproducción y aumento de la vida de la comunidad política.
Para ello, requerimos una teoría crítica de la administración pública con las características ya mencionadas:
- La emancipación de las personas servidoras públicas a través de procesos de liberación intelectual y de conciencia de clase.
- Nuevo diseño de estructuras públicas gubernamentales y estatales.
- Establecimiento de los principios ético-normativos.
- Tener una posición política clara a favor de la liberación y de la emancipación del pueblo.
- La justicia vista desde la teoría crítica como modelo de combate a la desigualdad y que se instrumenta a través de las acciones de gobierno.
- Un nuevo andamiaje jurídico que sustituya a las estructuras jurídicas del despojo.
- Asignación y distribución del erario para diseñar e implementar planes, programas, políticas y la garantía de derechos, donde los presupuestos contribuyan a construir relaciones económicas y sociales democráticas, horizontales y no sólo mediadas por criterios de eficiencia y eficacia.
- Los resultados de planes, programas y políticas deben ser medidos por el impacto que tengan en la mejora de las condiciones de vida de la población.
- Construir una relación simbiótica entre instituciones del Estado y el pueblo.
- Separación tajante entre lo privado-empresarial y lo público-gubernamental.
Tenemos que entender que sólo el planteamiento de una clara separación entre los intereses públicos y los privados, permitirá el desarrollo de una teoría crítica de la administración pública. Hasta hoy, hemos visto como el Estado en sus diversas formas, ha retomado en sus estructuras institucionales y organizacionales, diversas versiones de la administración privada y con ello, beneficiar a los intereses del capital[46]. Conceptos como gerencia, eficiencia, eficacia, calidad, capital humano o management, entre muchos otros, no deben ser retomados de forma literal para su implementación a ciegas en el sector público. Debemos ser capaces de desmontar esas estructuras de sentido y poderlas resignificar para darles un giro adecuado a las necesidades explicativas y descriptivas de una teoría crítica de la administración pública. O en el mejor de los casos, debemos ser capaces de construir nuevos conceptos y nuevas categorías para describir, explicar y analizar la realidad que nos está tocando construir.
Y en esta realidad que pretendemos explicar, debemos tener claro que no hay tal separación entre lo “técnico-jurídico-administrativo” y lo político. Es decir, no hay independencia entre la política y la administración pública, muy por el contrario, la administración pública debe ser estructurada y ejecutada de tal forma que cumpla con objetivos políticos previamente trazados. Quienes argumentan que es conveniente esta separación, son aquellos que creen que las instituciones son o deben ser “neutrales” y no jugar políticamente para ningún actor político, ya sea un gobierno, un partido político, una personalidad carismática o cualquier otro. Tales aseveraciones no carecen de una especie de “ideología de la neutralidad”, que pretende hacer creer que la administración pública es un simple ejecutor de la voluntad del Estado y sus instituciones, como si ejecutar no implicara pensar, reflexionar y tener vida propia y eso, es lo que hay que reconocer, que las instituciones gubernamentales tienen vida propia y cuentan con personas servidoras públicas con una subjetividad siempre presente y que puede ayudar a servir los propios objetivos de la institución, o a obstaculizarlos desde dentro por considerarlos contrarios a sus propios intereses.
Para finalizar. Construir una teoría crítica de la administración pública representa un gran reto sin duda (reto que seguiremos desarrollando), pero sin este gran esfuerzo no podemos avanzar en una transformación del Estado y sus instituciones. No podemos plantear nuevos planes, programas y políticas bajo el esquema de las estructuras jurídicas del despojo. No podemos llevar a cabo una profunda transformación del régimen político, si no transformamos las estructuras jurídicas e institucionales del Estado que, al final del día, son el esqueleto, el armazón que da sustento a la transformación. Como dice el Profesor Enrique Dussel, la ética es a la política lo que el esqueleto al cuerpo, nosotros añadiríamos que una teoría crítica de la administración pública es al régimen político que intentamos construir, lo que las teorías críticas para la liberación.
[1] Rik Peeters y Fernando Nieto Morales, Editores. La máquina de la desigualdad. Una exploración de los costos y las causas de las burocracias de baja confianza, CIDE-COLMEX, Colección Gobierno y Políticas Públicas, México 2020, p. 12.
[2] “(…) el principal villano, según la teoría crítica de las organizaciones, no es la burocracia como entidad discreta y objetiva, sino los modos de expresión, pensamiento y acción que han hecho surgir esta forma de organizar las relaciones sociales y que le permiten dominar nuestra existencia”. Harmon, Michael M. y Richard T, Mayer. Teoría de la Organización para la Administración Pública, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública AC. y Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 370.
[3] Aunque no exclusivamente, también hay organizaciones privadas que brindan servicios que por su naturaleza pueden ser considerados públicos, como, por ejemplo, atender a población vulnerable en situación de calle, problemas de adicciones, de atención de la violencia de género, entre muchas otras problemáticas.
[4] Es importante aclarar que desde la óptica que se presenta en este texto, los procesos jurídico-administrativos de las instituciones estatales, no dejan de ser importantes desde su orientación jerárquica-organizacional, simplemente esta forma de organización debe estar orientada no como establecen diversas escuelas de la administración pública: hacia los resultados institucionales, la calidad, la competitividad, la excelencia, la ganancia, el control de gestión, etc., sino más bien a la satisfacción de las demandas sociales. Pensar exclusivamente en resultados, calidad, excelencia y otros planteamientos que vienen de la administración privada o empresarial, nos puede meter en una trampa argumentativa y procedimental ya que los resultados pueden ser marcados en términos de logros institucionales que poco o nada tengan que ver con la satisfacción de las necesidades sociales. Algunos de estos enfoques están más orientados hacia el desarrollo y el diseño organizacional, hacia los procesos de planeación con base en resultados que la propia institución u organización debe cumplir, o en estándares de calidad y excelencia que apuntan más a los procedimientos internos de productos propios de la administración de empresas, que hacia la atención, respuesta y satisfacción de las necesidades y demandas de diversos sectores poblacionales empobrecidos y privados del cabal cumplimiento de sus derechos constitucionales por parte del Estado. Defender la participación o el desarrollo de la organización ante todo porque es “rentable” o es bueno para la “salud organizativa“ muestra, por implicación, que las supuestas necesidades de una entidad materializada -la organización- son más importantes que las preocupaciones, los intereses y las carencias de las personas. Harmon, Michael M. Op. Cit., p 383.
[5] Baca Olamendi, Laura. et. al. (compiladores). Cambio organizacional, Acosta Silva, Adrián, en Léxico de la Política. FCE-FLACSO-CONACYT, México, 2004, p. 21.
[6] Merino Huerta, Mauricio (compilador). Ética Pública, Biblioteca Básica de Administración Pública (BBADdf) y Siglo XXI Editores, número 09, México, 2012, p. 29.
[7] “(…) la noción de praxis se sitúa en el centro de la triple problemática que para él constituye el marxismo: la transformación de una realidad que se juzga injusta, basada en una crítica de la misma que se apoya sobre el conocimiento científico de dicha realidad”. Sánchez Vázquez, Adolfo. Filosofía de la Praxis, Editorial Siglo XXI, México, 2003, p. 10.
[8] Miliband, Ralph. El Estado en la Sociedad Capitalista, Siglo XXI Editores, México, 1997, pp. 115-116.
[9] “(…) la corrupción mina la posibilidad misma de seguir conviviendo de manera pacífica, pues desvía los propósitos y cancela la eficacia de las instituciones que sostienen el funcionamiento de los estados. Si la corrupción se impone como pauta general de conducta, nada responde a las reglas establecidas: si los legisladores no hacen leyes para el bien común sino para sus propias clientelas políticas; si los gobiernos ponen sus capacidades de ejecución al servicio de intereses privados -empresariales, partidarios o personales; si el poder judicial juzga en función del poder y la influencia; si la policía se deja corromper por los criminales y el sistema fiscal favorece a los más ricos, todo el Estado se viene abajo. En este sentido, la ética pública deja de ser una exquisitez filosófica para volverse un asunto de sobrevivencia social”. Merino Huerta, Mauricio, Op. Cit. p. 35.
[10] Ibidem, p. 27.
[11] Rabotnikof, Nora. Ibidem, pp. 23-24.
[12] “A partir de este análisis debe ser evidente que la teoría crítica de la administración ofrece una alternativa clara al énfasis en la eficiencia y la eficacia de la teoría y de la práctica administrativas de la corriente principal (…) su planteamiento principal; a saber: que la democratización de las relaciones sociales debe tener precedencia sobre las preocupaciones técnicas de eficiencia y eficacia: esto expresa que la significación política del discurso acerca de eficacia y eficiencia debe quedar expuesta y sometida a una revisión crítica”. Harmon, Michael M. Op. Cit., pp. 382-383.
[13] Podemos entender a la teoría crítica como “el instrumental pedagógico operante (teórico-práctico) que permite a los sujetos inertes, subalternos y colonizados una toma histórica de conciencia, desencadenando procesos de resistencia que conducen a la formación de nuevas sociabilidades al ser poseedores de una concepción de mundo anti-dogmática, participativa, creativa y transformadora”. Wolkmer, Antonio Carlos. Teoría crítica del Derecho desde América Latina, Editorial Akal, México, 2017, p. 23.
[14] Harmon, Michael M. Op. Cit., pp. 371-372.
[15] Ibidem. p. 387.
[16] “La ley al codificar e institucionalizar la injusticia inherente a las relaciones sociales capitalistas, forma parte de la violencia sistémica, se integra a la violencia que procede del sistema económico y político. Es por ello que la ley se vuelve clave para el ejercicio legal de la violencia del capitalismo: la opresión, la explotación y, por tanto, también la exclusión termina legalizándose. En ese sentido, afirmamos que las estructuras jurídicas del despojo son en la actualidad las formas jurídicas que concretan con mayor eficacia la codificación e institucionalización de la injusticia”. Hernández Cervantes, Aleida, “Estructuras Jurídicas del Despojo: trazando el perfil”, en Hernández Cervantes, Aleida y Mylai Burgos Matamoros (coordinadoras). La disputa por el derecho: la globalización hegemónica vs la defensa de los pueblos y grupos sociales, Bonilla Artigas Editores-UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2018, p. 88.
[17] Dussel, Enrique. 20 Tesis de Política, Editorial Siglo XXI, México, 2006, pp. 40-47.
[18] Harmon, Michael M. Op. Cit., p. 384.
[19] La antítesis de la justicia es la injusticia que podemos definir como “esa apropiación ilegítima de lo público. Los funcionarios que traicionan el espacio público en el que se desenvuelven y al que le deben la mayor lealtad; quienes en lugar de ensancharlo como el mayor lugar de todos, de abrirlo para que sea mucho más inclusivo y de transparentarlo para que se conozca a plenitud, se adueñan de sus recursos y de su capacidad de decisión como si fueran propios y los usan para su beneficio”. Merino Huerta, Mauricio, Op. Cit. p. 34.
[20] Amartya Sen, en Merino Huerta, Mauricio, Op. Cit. p. 116.
[21] “A partir de este análisis debe ser evidente que la teoría crítica de la administración ofrece una alternativa clara al énfasis en la eficiencia y la eficacia de la teoría y de la práctica administrativas de la corriente principal (…) su planteamiento principal; a saber: que la democratización de las relaciones sociales debe tener precedencia sobre las preocupaciones técnicas de eficiencia y eficacia: esto expresa que la significación política del discurso acerca de eficacia y eficiencia debe quedar expuesta y sometida a una revisión crítica”. Harmon, Michael M. y Richard T, Mayer. Op. Cit. pp. 382-383.
[22] “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la época”. C. Marx & F. Engels. La Ideología Alemana, 1846.
[23] Weber, Max. ¿Qué es la burocracia? Ediciones Coyoacán, México, 2010.
[24] Harmon, Michael M. Op. Cit., p. 388.
[25] Powell W. Walter y Paul J. Dimaggio (compiladores). “Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo institucional y la racionalidad colectiva en los campos organizacionales”, en El Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Púbica-Universidad Autónoma del Estado de México y Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 104.
[26] Contrario al poder obediencial planteado por los zapatistas en México y teorizado por el Dr. Enrique Dussel, Max Weber afirma que un funcionario público debe tener el carácter de no elegido o no electo, sino una condición de designado (se supone que se le designa por su experiencia, conocimiento y profesionalismo), esto garantiza lealtad al jefe que lo nombró. El funcionario público en cuestión, debe ser nombrado por un jerárquico superior y deberle a él el cargo ya que, si es elegido por la gente, por el pueblo, se rompe el principio de subordinación jerárquica, ya que tendría una posición autónoma con respecto a quien está por encima de él en el orden jerárquico. Este mecanismo permite un inmenso control sobre el funcionario público que debe actuar bajo las órdenes de quien lo ha designado, sin la menor posibilidad de insubordinación en dado caso de que se percate de situaciones anómalas en la administración (actos de corrupción, específicamente), pagando las consecuencias adversas de una posible denuncia ante los órganos competentes.
[27] Dussel, Enrique. Op. Cit. pp. 71-72.
[28] Ibidem.
[29] Ibidem, pp. 91-93.
[30] “Se presupone entonces que la institucionalidad política está fundada en posibilitar la producción, reproducción y aumento estable de la vida de los ciudadanos en comunidad política”. Ibidem, p. 73.
[31] Ibidem. pp. 82-83.
[32] Parsons, Wayne. Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y práctica del análisis de políticas públicas, FLACSO Sede México y Miño y Dávila Editores, México 2017, p. XXV.
[33] Ibidem. p. 43.
[34] Miliband, Ralph. Op. Cit. pp. 120-121.
[35] Dussel, Enrique. Filosofía de la Liberación, FCE, México, 2011.
[36] Contreras Colín, Juan Manuel (coordinador). Teorías Críticas y Eurocentrismo. Estudio de los componentes teóricos y prácticos de la ideología hegemónica contemporánea, Editorial La Guillotina, México, 2019.
[37] Harmon, Michael M. y Richard T, Mayer. Op. Cit.
[38] Dussel, Enrique. Filosofía de la Liberación, Op. Cit. p. 82.
[39] Atxe. Capitalismo ¿Por qué?, Editorial Akal, México, 2020.
[40] Miliband, Ralph. Op. Cit. p. 117.
[41] Vergara, Rodolfo (compilador). Organización e instituciones, Biblioteca Básica de Administración Pública (BBADdf) y Siglo XXI Editores, número 05, México, 2012, p. 24.
[42] Dussel, 20 Tesis de política, Op. Cit. pp. 23-33.
[43] Ibidem. p. 24.
[44] Baca Olamendi, Laura. et. al. (compiladores). Zabludovsky, Gina. Burocracia, en Léxico de la Política. Op. Cit. p. 13.
[45] “La noción de cambio institucional en el campo de las ciencias sociales hace referencia a aquellos procesos de transformación que producen ciclos o periodos de cambio en las reglas y normas, rutinas y valores que las instituciones representan”. Ibidem. Cambio organizacional, Acosta Silva, Adrián. p. 19.
[46] “El argumento característico de estos análisis puede sintetizarse en tres aspectos: a) la propiedad de los medios de producción otorga a la clase capitalista una posición privilegiada en la estructura de poder de la sociedad; b) esta posición permite a dicha clase influir de una manera privilegiada en el control del Estado y, c) las políticas públicas, en consecuencia, se adecuan en gran medida a los intereses de esa clase capitalista”. Laura Álvarez Huwiler y Alberto Bonnet. Ensayo y error. Un análisis marxista de las políticas públicas. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LXIII, núm. 233 ⎥ mayo-agosto de 2018 ⎥ pp. 169-192⎥ ISSN-2448-492X.
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v63n233/0185-1918-rmcps-63-233-169.pdf
