El INEE y su autonomía
(Publicado el: /04/01/2019, en Universidad Digital)
El recorte presupuestal del 50% no liquida o elimina al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE): lo deja, sí, “nadando de muertito”.
La propuesta de reforma educativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados dispone la cancelación (eliminación) del INEE como organismo autónomo, según dicho documento “porque se percibió como instrumento persecutor para el magisterio” (p. 5). Esta impresión, sin embargo, es inexacta: quien persiguió de forma inédita en los últimos tiempos al magisterio fue, con todas sus letras, Aurelio Nuño, entonces secretario de Educación Pública, con la anuencia del entonces ocupante del Poder Ejecutivo.
Nunca se había visto en tiempos recientes una persecución y hostilidad hacia la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus secciones más politizadas: la 22 y la 10, de Oaxaca y de la Ciudad de México, respectivamente. La Coordinadora también ha sido disidente de las políticas educativas neoliberales diseñadas por la SEP.
Si bien la mal llamada reforma educativa del 2013 ponía el acento en la evaluación para el ingreso y la permanencia, también es cierto que de eso hizo el centro de su propuesta**. Para la reforma del 2013 no había más que evaluar y calificar a los docentes, y condicionar su permanencia al éxito en ella. Esto, se dijo muchas veces por especialistas educativos, no era una reforma educativa, sino una reforma laboral para los trabajadores de la educación, pues incluía reformas al ingreso, la permanencia y reubicación laborales. Frente a esto, Aurelio Nuño no escuchó e insistió que era una reforma educativa.
Ante la falta de una aceptación generalizada de la reforma educativa por parte del propio magisterio y de especialistas de la educación, y frente al activismo emprendido principalmente por las secciones históricamente politizadas del CNTE contra la reforma, el entonces titular de la SEP emprendió una campaña mediática contra el magisterio y contra la CNTE. Fue inédito escuchar cómo comunicadores y periodistas de alto alcance público emprendieron una campaña contra los maestros haciendo ver que éstos eran unos privilegiados, gente sin razones, gente a la cual había que reprimir por protestar. El llamado al uso de la fuerza era recurrente en los espacios informativos, en donde sus titulares se hacen pasar por “simples periodistas que hacen preguntas”.
Mediáticamente se generó una situación de hostigamiento contra la CNTE y, se quiera o no reconocer, contra el magisterio.
Con esto queda probablemente claro que no fue el INEE, sino la SEP y sus medios de comunicación aliados (mediante el pago de publicidad oficial) la que emprendió una persecución contra la CNTE y sus miembros.
Cabe ahora preguntar de dónde surge la percepción de que el INEE fue el actor que emprendió dicha persecución. La respuesta está justo en lo que ahora el INEE reclama para sí: su autonomía.
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** De la reforma del 2013 surgieron cuatro documentos importantes de la legislación educativa: la reforma al artículo 3° constitucional, la reforma a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, y la nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El hilo que unió estas reglamentaciones fue la evaluación docente, la cual, sin sustento pedagógico, se vinculaba al salario del docente y a las posibilidades de su reubicación laboral. En cuanto al ingreso se implementó también el ingreso por medio de concurso. Estas modificaciones desataron la protesta contra la reforma “educativa”.
Durante la campaña de promoción de la reforma educativa, la cual estuvo impregnada de la animadversión mediática contra la CNTE y el magisterio, los miembros de la Junta de Gobierno del INEE se dedicaron a defender las modificaciones a la legislación educativa del 2013: una reforma que carecía de elementos pedagógicos y que a la vez contenía una visión empresarial de la educación. El espíritu de la evaluación docente, sobre todo para definir la permanencia del docente en su puesto de trabajo, está alejada de una evaluación adecuada para actores que se enfrentan diariamente con una multiplicidad de personalidades en contextos de enseñanza-aprendizaje y, en no pocos casos, en condiciones sociales adversas para la acción educativa.
La entonces presidenta del INEE, la Dra. Sylvia Schmelkes, defendía la reforma propagando en repetidas ocasiones, en cuanto medio de comunicación se pudiera, que por primera vez se reconocía e incluía en el sistema educativo “el derecho a ser evaluado”. Con esto, lo que se percibía por parte del magisterio como una acción punitiva en el marco de la reforma del 2013, el INEE, en voz de su presidenta, quería hacerlo ver como un derecho conquistado. Así, en donde los docentes veían una evaluación punitiva, la presidenta del INEE veía un derecho conquistado. De esta forma, más que establecer lazos de comunicación, lo que se lograba era un distanciamiento entre actores del sistema educativo, viendo y caminando hacia lados opuestos.
Frente a la agresividad mediática emprendida por Aurelio Nuño, el INEE no salió en ningún momento a hacer un análisis pedagógico de la reforma educativa del 2013, más allá de reconocer que la evaluación era ahora un derecho de los docentes y el clásico “toda reforma es perfectible”. Tampoco salió a pronunciarse críticamente sobre la campaña negativa que hacían los medios aliados de la SEP de Aurelio Nuño contra las movilizaciones de la CNTE. El INEE se desentendió del ambiente violento contra los/as maestros/as.
En este ambiente era interesante escuchar en los medios de comunicación cómo inmediatamente después de una entrevista sobre los alcances de la reforma “educativa” a algún miembro de la Junta de Gobierno del INEE, el titular del noticiero llamaba a “enjaular a los maestros de la CNTE” en el Zócalo de la Ciudad para que permitieran el libre tránsito. Con propuestas nada inteligentes como las del periodista José Cárdenas se llevó a cabo la campaña de animadversión contra los maestros que protestaban contra la reforma.
El INEE, ciertamente, no llevó a cabo ninguna persecución contra el magisterio: las evaluaciones hechas por el Instituto se realizaron porque así se disponía en las nuevas reglamentaciones en materia educativa surgidas en 2013. Sin embargo, lo que sí dejó ver la actuación del INEE en esta historia fue su limitado ejercicio de la autonomía frente a la supuesta reforma educativa, que carecía de elementos pedagógicos para poder contribuir a la mejora de las prácticas educativas en el aula y fuera de ellas, y a su imposición vía la represión.
Los miembros de la Junta de Gobierno del INEE, que son a su vez especialistas educativos reconocidos en la investigación y gestión educativas, se dispusieron a defender una reforma que era indefendible pedagógicamente. Se plegó a la reforma educativa oficial renunciando a su autonomía para señalar aquello que bien sabían que no era pedagógicamente pertinente.
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La Junta de Gobierno del INEE, en su Comunicado 114 (24/12/2018), reclama enérgicamente su autonomía frente a la política educativa del actual gobierno federal, en la cual se contempla la eliminación del Instituto, y frente al recorte del 50% de su presupuesto para el año 2019. En dicho comunicado se indica: “En las últimas semanas el Instituto ha sido objeto, junto con otros órganos constitucionales autónomos, de acciones que atentan contra su autonomía y su operatividad. El INEE parece ser especialmente incómodo para la actual administración: hace unos días, el Ejecutivo envió una iniciativa para retirarle la autonomía y volverlo una instancia que dependa directamente de la SEP. Ayer, la fracción mayoritaria del Legislativo aprobó un presupuesto que reduce sus ingresos en más de un 50 por ciento en términos reales con respecto al de 2018, lo que no ocurrió con otra entidad u organismo del Estado mexicano”.
Más adelante señala: “El deseo de extinguir al Instituto es explícito: si la reforma constitucional que se requiere para retirar la autonomía no alcanza la mayoría calificada que necesita (voto de dos tercios en cada Cámara), desde ahora se busca acotarlo por la vía de los hechos. Lo más lamentable es que las razones argumentadas para tales acciones se fundamentan en percepciones y opiniones que no han sido validadas con un análisis serio y directo”.
Puede tener razón la Junta de Gobierno del INEE en algunos puntos, en otros definitivamente no; esto sin considerar la enorme coincidencia con los argumentos defendidos por ese “círculo rojo” que tiene un pleito casado con el gobierno federal actual desde hace más de una década. Lo cierto es que por los propios hechos del INEE y su Junta de Gobierno, se interpretó al INEE como una extensión de la SEP. Si el INEE hubiera hecho un “análisis serio y directo” de la campaña de animadversión contra el magisterio y la CNTE, y sobre la propia reforma “educativa” del 2013, la historia sería otra.
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Tomando ahora el documento (12/12/18) en el cual los miembros de la Junta de Gobierno fijan su primer posicionamiento frente a la reforma educativa que se venía en 2013, se indica: “Es precisamente el INEE quien produce la información que le permite hoy al gobierno federal hacer un planteamiento de política educativa. No podemos volver a dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio educativo, porque conocemos de sus limitaciones e imprecisiones. Hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos. Nuestro país ha avanzado mucho en evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa”.
Peor comparación no se pudo encontrar para exponer en este posicionamiento oficial del INEE. Si la intención de éste era compararse con la institución actual encargada de organizar las elecciones (antes IFE y ahora INE), parece entonces que a los miembros de la Junta de Gobierno se les olvidó muy pronto la calificación de la elección presidencial del 2012 en donde prácticas similares al lavado de dinero no fueron investigadas por ninguna autoridad electoral; se le olvidó muy rápido la elección del Estado de México en 2017; y más aún, la elección en Puebla en 2018. Los jóvenes mexicanos seguramente no tienen idea de lo que algún día fue la Comisión de Elecciones de la Cámara de Diputados que, junto con la Secretaría de Gobernación, era autoridad electoral. Pero lo que seguro sí recuerdan son los casos de las elecciones indicadas que estuvieron llenas de fraudes electorales y violencia y las cuales fueron calificadas por órganos autónomos como el INE (Instituto Nacional Electoral) y el TRIFE (Tribunal Federal Electoral). Con tales comparaciones, la Junta de Gobierno del INEE no se ayuda.
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El punto a destacar es el siguiente: la Junta de Gobierno del INEE reclama hoy lo que ella misma perdió al plegarse a la reforma educativa del 2013: su autonomía. Y no sólo eso, sino además, en medio de la campaña de animadversión contra el magisterio, el INEE se dedicó a defender la reforma, desentendiéndose de la agresividad de la que era objeto el magisterio y el CNTE.
Esta historia ha llevado al INEE a una situación de crónica de una muerte anunciada, no obstante su desaparición no es aún un hecho consumado. Si la Junta de Gobierno del INEE quiere reclamar su autonomía, si quiere defender la continuación del INEE como instituto autónomo, esto tiene que pasar primero por un ejercicio “serio y directo” de autocrítica. Pueden argüirse percepciones equivocadas o sin sustento, pero eso es poner el error en el otro y no en uno mismo. La Junta de Gobierno del INEE debe reconocer sus errores y eso es digno de un órgano autónomo.
De lo anterior, sin embargo, no puede defenderse sin más la eliminación del INEE en los términos que lo establece la reciente propuesta de reforma educativa.
La Junta de Gobierno del INEE ha intentado hacer ver que la evaluación que hace a docentes es sólo una función de muchas otras que realiza. Esto es cierto: el INEE además de esa tarea institucional se ha dedicado a realizar, desde hace más de una década, un registro cuantitativo ordenado de los indicadores del sistema educativo. Sumado a esto, genera documentos importantes de investigación en los cuales se abordan diferentes temas referentes a los procesos educativos y de gestión y gobierno del sistema educativo, entre otras actividades. El INEE realiza mucho más actividades que la simple evaluación docente. Sus tareas y funciones son perfectamente reformables en términos legales. Esto puede ser una salida ante la indeseabilidad de su desaparición como órgano autónomo.
El INEE produce datos que si bien no son determinantes, sí tienen una relevancia sustantiva para la elaboración de políticas educativas estatales y nacionales. El INEE es una institución que ha contribuido a la sistematización de los avances y retrocesos de la educación en las diferentes entidades federativas. Se ha construido como una institución útil para la planeación del sistema educativo, sobre todo para sus niveles básicos de educación. Por estas razones, no es deseable que esta institución desaparezca sin un ejercicio serio de conocimiento de sus funciones y, sobre todo, del cúmulo de datos e información que ha logrado en más de diez años.
Los miembros de la Junta de Gobierno del INEE tienen igualmente razón en defender la autonomía del Instituto. La autonomía técnica le ha permitido llevar a cabo sus funciones sustantivas siendo a la vez independientes de las decisiones de la autoridad educativa federal. El INEE es, por decirlo con otras palabras, una especie de INEGI del sistema educativo. Y aunque el INEGI, el INE y muchos otros órganos autónomos hayan renunciado en ciertos momentos a su autonomía por plegarse a las decisiones del poder Ejecutivo en turno, no por ello puede dejarse de defender la autonomía de institutos de utilidad pública para las decisiones de largo alcance para el país. (Paradójicamente, hoy que quieren generarse cambios estructurales en el sistema político mexicano, es cuando los órganos autónomos reclamarán su autonomía. Pero no lo harán por convicción, sino por sobrevivencia y disidencia).
No es deseable que desaparezca el INEE como instituto autónomo, pero son entendibles las razones por las cuales se pide su desaparición.
** De la reforma del 2013 surgieron cuatro documentos importantes de la legislación educativa: la reforma al artículo 3° constitucional, la reforma a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, y la nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El hilo que unió estas reglamentaciones fue la evaluación docente, la cual, sin sustento pedagógico, se vinculaba al salario del docente y a las posibilidades de su reubicación laboral. En cuanto al ingreso se implementó también el ingreso por medio de concurso. Estas modificaciones desataron la protesta contra la reforma “educativa”.
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